A pesar de que la intervención de una representante de bancos y bonistas en la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la vigilancia de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) en esa misma agencia han llamado la atención esta semana, lo cierto es que varias dependencias del gobierno de Puerto Rico están bajo vigilancia o con intervención de agencias federales, lo que pone en tela de juicio la capacidad administrativa del gobierno local y el uso de los fondos federales.

El aumento en la ‘federalización’ se ve en áreas desde las intervenciones en los puntos de drogas y el procesamiento expandido de violadores a las leyes de armas, hasta el llamado ‘tiger team’, o grupo asesor presidencial, que se supone está proveyendo asistencia técnica a la Administración García Padilla para capear la crisis financiera y ayudar a capturar más fondos federales y usarlos mejor ,en vez de tener que devolverlos porque no lo saben manejar o no lo usan en el tiempo debido, como sucede ahora.

En la historia reciente, hubo intervención directa en los departamentos de Educación, y de Transportación y Obras Públicas, mediante la designación de dichas dependencias como receptores ‘de alto riesgo’ en cuanto a fondos federales se refiere. En ambas agencias permanece una supervisión más directa del gobierno federal debido a esos episodios.

En cuanto a intervención que ha sido mediada por un tribunal, la Isla ha tenido monitoreo federal en el sistema de prisiones juveniles, en el sistema de salud mental, y en el propio sistema carcelario, mediante el caso de Morales Feliciano, además de lamonitoría activa a la Policía de Puerto Rico. En el caso de la Policía, el Departamento de Justicia federal obligó al gobierno a hacer una reforma total luego de detectar un patrón de violaciones de derechos civiles. En cuanto a Morales Feliciano, fue una intervención de 33 años de litigio y más de $300 millones en multas por violaciones a los derechos civiles de los confinados.

Recientemente se han visto intervenciones federales en el precio de la leche y hasta en la industria cafetalera, luego que el Departamento de Trabajo Federal le requiriera a los beneficiadores de café que le paguen a los recogedores del grano el equivalente al salario mínimo federal de $7.25 por hora.

La Universidad de Puerto Rico sufrió la suspensión hace dos años de sus fondos de investigación, luego de que la National Science Foundation detectara irregularidades.

Inspectores federales señalaron a la Oficina del Gobernador en el 2011 por la falta de controles internos adecuados para supervisar la distribución de los más de $1,200 millones que recibió directamente en fondos de educación de la ley ARRA de 2009. El Departamento usó fondos para sus necesidades presupuestarias.

El Departamento de la Familia no tuvo que devolver fondos ARRA, pero en febrero salió a relucir que debido a la asignación sin control de vales de cuido, financiados inicialmente con fondos ARRA, causó una insuficiencia presupuestaria federal para el programa ‘Child Care’ por $10.7 millones.

La Contralora de Puerto Rico,Yesmín Valdivieso, sin embargo, opinó que actualmente no hay ninguna agencia bajo supervisión federal y ‘mucho menos’ en peligro de una sindicatura.

Valdivieso dijo que su oficina intervino con agentes federales cuando hace tres años se arrestaron unas 13 personas en el Departamento de Educación por un esquema de soborno. Actualmente, está ayudando en la investigación que hace el FBI a los contratos de los transportistas.

Valdivieso dijo que no todo el mundo sabe que ya hay una gran cantidad de auditores federales monitoreando el uso de fondos de vivienda por los municipios y los ‘community development block grants’.

En medio de esta vigilancia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) contrató a la especialista Merril Oliver para ayudar al gobierno a aumentar su acceso a fondos federales y reducir señalamientos. La funcionaria ha tenido éxito en otras jurisdicciones. ‘Eso fue un jonrón de parte del director de OGP’, opinó Valdivieso.

El representante popular, Ángel Matos, quien preside la comisión cameral a cargo de asuntos federales, sostuvo que el gobierno federal tiene pleno derecho a medir el rendimiento y el uso de fondos federales por parte del gobierno local. ‘Tenemos que maximizar el uso de fondos federales, pero hay ejemplos y excepciones’, dijo.