Un importante líder congresional intervino el jueves en el pleito legal que Doral Bank lleva contra el gobierno luego que el Departamento de Hacienda anulara un acuerdo en el que se había comprometido a pagarle al banco un reintegro de $229 millones por un sobrepago de impuestos.

El republicano Scott Garrett, presidente del Subcomité de Mercados de Capital y Empresas Auspiciadas por el Gobierno, le envió una carta al gobernador Alejandro García Padilla, en la cual le llamó Su Excelencia, para expresar su preocupación de que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

La carta fue enviada a los medios el jueves horas después de que la jueza Laureana Pérez se reservara su fallo en torno a si asume jurisdicción sobre la disputa legal o si le requiere al banco que extinga los remedios administrativos ante el Departamento de Hacienda como ha solicitado el gobierno antes de ir a los tribunales.

Luego de citarle el texto del acuerdo el cual dice que el mismo no se puede modificar o anular, Garrett le pide al Gobernador que reconsidere su desafortunada acción la cual no va con las prácticas comerciales tradicionales y que trate de transar la disputa con Doral.

‘Estamos preocupados de que la decisión unilateral del ELA de anular el contrato es una potencial desviación de las obligaciones del ELA y sus políticas tradicionales de reconocer la importancia de la estabilidad de la ley comercial y el seguimiento de las leyes. Esto pone la estabilidad del ELA en riesgos adicionales y pone en duda su compromiso con los acreedores. Dado los recientes retos del ELA para levantar fondos en los mercados de deuda municipales, creemos que rehusar pagar esta obligación puede empeorar las presiones para levantar fondos y tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos del ELA’, escribió Garrett.

La disputa surgió después que Doral solicitó a Hacienda el pago de reintegro de $229 millones luego de que a principios de mayo la FDIC le informara al banco que la cuenta por cobrar de Hacienda no podía formar parte del capital básico de Doral, lo cual eliminó aproximadamente la mitad del capital de la institución, poniéndola en peligro de una intervención por parte de reguladores federales.

Hacienda le informó a Doral que luego de analizar la información que recibió del banco, el acuerdo era nulo porque la institución financiera nunca hizo los alegados sobrepagos de impuestos. Doral entonces fue a los tribunales.

El Tribunal Supremo ordenó la semana pasada que el Tribunal de Primera Instancia hiciera una vista evidenciaría del pleito judicial y emitiera un fallo en o antes del 26 de junio.

La vista del jueves se centró en la jurisdicción del Tribunal.

Los abogados del gobierno, Claudia Juan y Ramón Dapena, argumentaron que el Departamento de Hacienda tiene jurisdicción ‘exclusiva’ para ver el caso ya que es una disputa de un contribuyente con la agencia y que, por lo tanto, el tribunal debía desestimar la demanda y dejar que la misma siguiese su curso regular en el foro administrativo.

Los abogados de Doral, Ramón Rosario y Carlos Miranda, sostuvieron que permitir que Hacienda asuma jurisdicción de la disputa sería el equivalente a privarle a la empresa un remedio legal porque la agencia ya ha tomado la determinación de que el acuerdo del 2012 es nulo.

Rosario dijo que obligar a la empresa a ir a través de los procedimientos administrativos regulares causaría ‘daños irreparables’ a Doral debido a que la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, ya ha acusado públicamente al banco de tergiversar los hechos del caso. Aunque una vista administrativa iría a oficiales examinadores, sería Acosta la que tomaría la decisión final.