El presupuesto para el año fiscal 2014-2015, el que se presentará este próximo martes, contendrá una reingeniería y consolidación de agencias, pero aún no se ha tomado una decisión final sobre si se recortarán beneficios a empleados públicos, según fuentes.

Ambos cuerpos legislativos fueron convocados este martes, 29 de abril, por el gobernador Alejandro García Padilla para celebrar una sesión conjunta a las 5:30 pm para presentar el Mensaje de Situación del Estado del País y Presupuesto para el año fiscal 2014-2015.

Fuentes de NotiCel en el Senado revelaron que el Ejecutivo tiene alrededor de dos decenas de piezas para la reestructuración y unificación de las agencias públicas que se apresta a presentar durante el Mensaje de Presupuesto como parte de la estrategia para reducir $800 millones en gastos. La consolidación de agencias recibió un impulso la semana pasada con una decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que, en el marco de la restructuración de la procuradoría de Personas con Impedimentos, avaló el poder del Ejecutivo para realizar libremente estos cambios estructurales en el aparato gubernamental.

Además se vislumbra trabajar con las corporaciones públicas para que las mismas no tengan que recibir dinero del fondo general. Las corporaciones públicas componen más de la mitad del total de la deuda de $72,000 millones que tiene el Estado Libre Asociado.

Los recortes en beneficios a los empleados públicos irían dirigidos a la limitación de licencias de vacaciones y de bonos de Navidad, indicaron. ‘Eso se está viendo a ver que se hace’, dijo una fuente.

La Oficina de Prensa de la Fortaleza confirmó que el tema de la reestructuración de las agencias estará íntimamente ligado al asunto del presupuesto, pero negó ofrecer detalles sobre las medidas específicas que se están trabajando.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández llevó a cabo vistas públicas para ver de primera mano la situación en las corporaciones públicas como paso previo a la confección del presupuesto.

De hecho, el Banco Gubernamental de Fomento admitió recientemente informes de prensa de que se contrató a una compañía asesora financiera para analizar la situación fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras.

El gobernador espera someter un presupuesto sin déficit o balanceado para el próximo año fiscal como una de las medidas para lograr que se eleve el nivel crediticio de la Isla luego de que el crédito fuese degradado a chatarra.

‘Lo más importante es que continúa el compromiso de no despedir empleados públicos y de hacerles justicia dentro de la realidad presupuestaria, siendo cualquier ajuste en beneficios la última opción de entre las medidas que se considerarían. El presupuesto también debe contener medidas que ayuden a la recuperación económica’, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, José Nadal Power en declaraciones escritas.

El presidente de la Comisión de Gobierno, José Varela, de otra parte, anticipó que todas las agencias estaban en evaluación y que habría fusiones y consolidaciones ‘sin despedir a nadie’.

Varela dijo que se espera que el Ejecutivo venga con métricas para medir la eficiencia de las agencias.

Desde enero de 2014, el gobernador García Padilla ha sostenido reuniones con la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) con el propósito de encaminar una reforma gubernamental que atienda el problema de la deuda de $70,000 millones, que le costó al país una degradación de crédito al nivel de ‘chatarra’ en febrero.

Distintos economistas del país han advertido desde entonces la necesidad de poner la mira en los altos salarios de los empleados de confianza, así como en los cerca de $800 millones que gasta el gobierno en contratos de servicios profesionales. El Centro para la Nueva Economía (CNE) recomendó que se prepare un plan financiero a tres años para reformar a fondo las medidas de recaudo y los gastos del gobierno.

Tanto los economistas como los legisladores han coincidido en que hay mucha tela de dónde cortar para ser más eficientes y costo efectivos en las gestiones gubernamentales, pero la discusión durante los próximos días se centrará en las áreas en que se implementarán estos recortes. Mientras el gobernador y los líderes legislativos han asegurado repetidamente que no se despedirán a empleados públicos, parte de la discusión en la Cámara de Representantes ha girado en torno a una reducción de la jornada laboral, al menos temporalmente.

Otros representantes indican, sin embargo, que primero se deben atender aquellas áreas que ‘nunca se tocan’ porque no resultan de agrado de algunos altos intereses económicos. Entre ellas, los acuerdos con las aseguradoras de planes médicos en el programa Mi Salud, los decretos e incentivos a empresas que no necesariamente lo necesitan, y la reducción en contratos de servicios profesionales.

La agenda de la Cámara de Representantes, a su regreso a sesión el martes, incluye la discusión de un análisis que se encargó a la Universidad de Puerto Rico sobre los créditos e incentivos contributivos, las escalas salariales y los procesos de compra. En las siguientes dos o tres semanas, los representantes de la mayoría popular se aprestan a combinar una serie de medidas que han estado trabajando de manera independiente, para presentar un solo proyecto de reforma gubernamental.

Entre ellas, se encuentra una medida del senador Manuel Natal para que el estudiantado de la UPR pueda ofrecer, con la supervisión de un profesor, los servicios profesionales, que actualmente contrata el gobierno.

En una decisión reciente del Primer Circuito de Apelaciones, los jueces reiteraron, como parte de su determinación sobre la eliminación de la Procuraduría de personas con Impedimentos, que el gobierno tiene el poder para promulgar y derogar las leyes, así como para crear, modificar o interrumpir a los agentes designados para la ejecución de las leyes. La conclusión a la que llegaron de que ninguna corte puede restringir la capacidad del gobierno de Puerto Rico de reestructurar su plantilla, está relacionada al proceso de ‘reingeniería del gobierno’ en el que se encuentra Fortaleza y la legislatura actualmente.