El componente económico de la Administración García Padilla dijo que seguirá buscando alternativas para modificar el sistema público de pensiones para los maestros, despues de que el Tribunal Supremo declarara la inconstitucionalidad de la reciente reforma.

‘Reformar el sistema de pensiones es esencial para la salud financiera y económica a largo plazo de Puerto Rico’, dijeron en un comunicado conjunto el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo.

En ese sentido, ambos funcionarios apuntaron que desde enero de 2013 el Gobierno ha adoptado medidas ‘sin precedentes’ para fortalecer la situación fiscal de Puerto Rico, entre ellas impulsa reformas ‘integrales’ y ‘significativas’ de los principales sistemas públicos de pensiones.

‘Estamos contrariados con la decisión del Tribunal de declarar inconstitucionales ciertas partes de la Ley 160’, aseguró el equipo económico ya que, entre otros motivos, esa norma es coherente con la que reformó el sistema general de empleados públicos y fue respaldada por el Supremo en junio de 2013.

Por ello, los funcionarios adelantaron que ‘llevaremos a cabo una atenta lectura de la decisión de la Corte y analizaremos posibles alternativas’.

‘Mantenemos nuestro compromiso de hacer frente a los pasivos por pensiones del deficitario Sistema de Retiro para Maestros con el fin de proteger a nuestros jubilados y asegurar la estabilidad fiscal del Estado Libre Asociado’, afirmaron.

El Tribunal Supremo declaró ayer inconstitucional una significativa parte de la reforma de las pensiones magisteriales. La decisión judicial establece que la reforma disminuye ‘sustancialmente’ los ‘derechos contractuales’ de los beneficiarios del sistema de pensiones.

El Gobierno aprobó esa reforma en vísperas de la pasada Navidad como parte de sus esfuerzos por sanear sus cuentas y tratar de enderezar una economía que acumula siete años de recesión, una deuda de más de 70,000 millones de dólares y una pérdida masiva de población activa.

Además, quería evitar una degradación de la calificación de su deuda al grado especulativo (el de los ‘bonos basura’ o ‘chatarra’), algo que ocurrió igualmente en febrero.

La reforma, que elevaba la edad de jubilación de 55 a 62 años y subía un punto porcentual las contribuciones al sistema por parte de los maestros en activo, fue muy criticada por los maestros y la oposición y en seguida comenzaron las manifestaciones y paros por parte del magisterio.

El fondo actual acumula un déficit de 10,000 millones de dólares y según el Gobierno colapsará en 2020 si no se reforma.

En el último año fiscal, cerrado en junio, el sistema contaba con 43,402 maestros activos y 35,361 jubilados, según datos sindicales, después de que en los últimos seis años se hayan eliminado 7,000 plazas docentes.

Vea también:

Supremo declara inconstitucional la Reforma del Retiro de Maestros (documentos)