En medio de una crisis de legitimidad y autonomía universitaria, seis de los ocho nominados a conformar la nueva Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico depusieron ante la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado en vistas públicas sobre su confirmación.

Fueron el presidente Jorge Sánchez, Ángel Collado Schwarz, Ana María García Blanco, Juan Acosta Reboyras, Juan Aponte Vázquez y Fernando Lloveras San Miguel. Rafael Escalera quedó excusado y Dennis Rivera estuvo ausente.

Las palabras compromiso, visión, liderazgo y excelencia dominaron las ponencias de los nominados, enmarcadas en las presentaciones sobre sus credenciales para llenar las sillas del nuevo cuerpo rector del primer centro docente del país.

Sin embargo, también se ubican en el contexto de una universidad fragmentada y en grave peligro de perder una de sus principales fuentes de ingresos para la subvención de investigaciones científicas.

Además, el 13 de junio, la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education envió una carta a los 11 recintos de la UPR inquiriendo información sobre los cambios administrativos de los últimos meses, que incluyen la sustitución de una Junta de Síndicos por una Junta de Gobierno.

El designado presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez, sin embargo, no consideró que la misiva en la que se cuestiona sobre lo que podría parecer una intervención política en la educación vaya a tener mayores implicaciones.

Explicó que la vicepresidenta interina de asuntos académicos, Celestre Freytes, se encargará de contestar esta carta a nombre de la universidad. ‘Explicará que muchos de estos cambios fueron a petición de la universidad. El gobierno es responsable de la universidad. El gobernador sintió que tiene la obligación de ayudar a resolver este problema y la única forma que tenía el gobernador de hacerlo era nombrando una Junta de Gobierno’.

‘Estamos optimistas de que la Middle States va a entender el planteamiento de la universidad y que todo lo se ha hecho ha sido en beneficio de la universidad’.

Rojo o azul: ignoradas las propuestas de los sectores universitarios

Sin embargo, el malestar entre sectores de la comunidad universitaria permea. Y es que el proyecto que envió el Ejecutivo para la creación de esta nueva Junta de Gobierno llegó a la Cámara de Representantes luego y por encima de que comenzara a considerarse en el Senado un proyecto que surgió del Consejo de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.

Fue a petición de este cuerpo que la senadora Mari Tere González presentó el Proyecto del Senado 237, ‘a los fines de establecer una Junta de Síndicos balanceada y coordinada de las estructuras de gobernanza’, Incluso, la misma Comisión de Educación que hoy evaluaba las nominaciones de los miembros a la Junta de Gobierno realizó vistas públicas sobre el proyecto de los representantes estudiantiles. Aquel Proyecto del Senado 237 anularía los nombramientos realizados por el gobernador Luis Fortuño, tras la legislación de 2010 que aumentó de 13 a 17 los miembros del organismo. Además, aumentaría de uno a tres el número de estudiantes, y el número de profesores de dos a tres. Habría, también, un miembro de la comunidad universitaria.

Todo este proceso quedó en nada cuando en marzo el gobernador envió su proyecto para crear la Junta de Gobierno, con 13 miembros, e hizo su nominación de ocho. El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras se opuso al proyecto tal como fue presentado. También, 10 de los 11 recintos del Sistema Universitario propusieron enmiendas ‘que no fueron acogidas a pesar de la buena voluntad e interés de la presidenta de la Comisión (Mari Tere González) de acoger varias de nuestras propuestas’, plantearon los estudiantes en su memorial.

Igualmente, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) envió una ponencia en la que reitera su propuesta para la creación de un comité consultivo compuesto por representantes de la comunidad universitaria encargada de elaborar una lista de candidatos a la Junta de Gobierno de la UPR para la consideración del gobernador. ‘Sin embargo, el producto final no incluyó mecanismos de consulta con la comunidad universitaria’.

Sánchez le restó importancia a estos planteamientos. Dijo que los ocho miembros nominados por el gobernador eran representantes del interés público. ‘Representan la comunidad de Puerto Rico, no representan la comunidad universitaria. La comunidad universitaria está representada por cuatro personas, dos estudiantes y dos profesores’.