Las vistas de la transición entre el gobierno actual y personal designado por el gobernador electo, Alejandro García Padilla, entraron hoy en su tercer día de deposiciones con la participación del Departamento del Trabajo.

Los miembros del comité tuvieron varios enfrentamientos al hablar sobre los fondos de la Ley 52 otorgados al periódico El Vocero.

La disyuntiva surgió cuando miembros del comité de transición del gobierno entrante cuestionaron cuántos fueron los fondos otorgados a El Vocero, cifra que la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Elvira Cancio, no pudo precisar.

Cancio dijo desconocer qué tipo de relación tenía News Distributor con El Vocero y que desconocían de un informe del National Labor Relation Board, que planteaba que dicha corporación era un alter ego de Caribbean International News Corporation.

Pese a esto, a preguntas de Alberto Bacó, uno de los miembros del comité de transición, Cancio tuvo que reconocer que ayer recibió una carta del bufete Fiddler Gonzalez <><>& Rodriguez, P.S. C. donde se hablaba de los fondos otorgados a El Vocero./p

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En la carta dirigida a su persona, dicho bufete, en representación de El Nuevo Día, le hizo una solicitud formal de ciertos documentos relacionado con la otorgación de fondos a las corporaciones Caribbean International News Corp., News Distributor of Puerto Rico, LLC; Prime Printing, LLC; Multimedia Management, LLC; entre otras. También el bufete le cursó una carta al secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, solicitándole una investigación formal en torno a la manera que El Vocero recibió fondos del DTRH, los municipios de San Juan y Guaynabo. En la misiva, se desprenden las presuntas deudas que tiene El Vocero con la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado.

De igual forma, miembros del comité de transición cuestionaron a Cancio la validez del otorgamiento de dichos fondos a El Vocero, ante el hecho de que también mantenía una deuda con el Departamento de Hacienda, lo cual no pudo explicar.

La funcionaria expuso durante las vistas de transición, que su agencia no realizó una investigación formal sobre las alegaciones publicadas en El Nuevo Día sobre El Vocero.

De acuerdo a Bacó, miembro del comité de transición entrante, reportes periodísticos apuntan a que El Vocero recibió $17.3 millones en fondos de la Ley 52.

Según Cancio, en total se repartieron $165 millones de fondos de Ley 52 entre todos los patronos participantes por los pasados 4 años, asegurando así unos 16,315 empleos.

Bacó estimó que de estos fondos se destinaron alrededor de un 12% para El Vocero. De inmediato Juan Carlos Pavía, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) argumentó que siguiendo la línea de Bacó ‘realmente es un 10%’.

De otro lado, Cancio apuntó que su agencia no contaba con estadísticas desglosadas sobre la creación de empleos con fondos ARRA.

Cancio sostuvo que dicha información es trabajada de forma global, pero no pudo precisar la cantidad.

Entretanto, Palmira Ríos, quién es miembro del comité de transición del gobierno entrante, puntualizó que era necesario conocer la información empírica para determinar la efectividad de los fondos ARRA, ante el hecho de que la tasa de participación laboral es de un 39.2%.

Por su parte, el administrador de la Administración de Desarrollo Laboral, Aurelio González, dijo que los fondos federales de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés) ‘van cuesta abajo’. Explicó que en el 2009 los fondos eran de $121 millones, lo que disminuyó en el 2012-2013 a $58 millones, y pronosticó que en el 2013-2014 ‘permanecerán igual o se disminuirán para ese año fiscal’.

Sin embargo, para el comité de transición entrante, nunca quedó claro cuántos empleados de la nomina gubernamental son pagados con dichos fondos, lo que si quedó meridianamente claro es que se supone que devengarán unos $1,200 mensuales cada uno.

De otro lado, Samuel Dávila, de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), expuso que las corporaciones públicas le adeudan alrededor de $1 millón.

Agregó que entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013 se vencen 22 convenios colectivos de los 62 que existen, los cuales la nueva administración deberá negociar.

Antes de concluir la vista, la directora ejecutiva del comité de transición entrante, Dolores Rodríguez de Oronóz, dejó constatado para récord las respuestas que dió Cancio cuando se le cuestionó sobre los fondos destinados a El Vocero.

De inmediato, tanto Cancio como Carlos Rodríguez, secretario auxiliar de la Gobernación en Asuntos Programáticos, dijeron que diferían sobre lo dicho por Rodríguez de Oronóz.

A juicio de Rodríguez, las estipulaciones de Rodríguez de Oronoz eran su ‘interpretación’ de lo que dijo Cancio.

Al NotiCel preguntarle qué de lo que dijo Rodríguez Oronoz entendía estaba incorrecto, reiteró que se fuera al récord de la grabación para evaluar lo que dijo Cancio y las expresiones que hizo la exjueza del Tribunal de Apelaciones.

Durante esa breve conferencia, Cancio precisó que ‘El Día Directo’ tiene fondos con Ley 52.

Por su parte, Rodríguez dijo que ‘esta administración ha sido clara, ciertamente nosotros creemos en la libre competencia y hay una competencia entre distintos medios en el área de las comunicaciones, y no es el rol del Gobierno intervenir en una lucha entre dos medios de comunicación….La carta (bufete Fiddler Gonzalez <><><> <>Stream videos at Ustream