Un grupo de mujeres de la Comisión de la Mujer de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Federación Central de Trabajadores (FCT), incluyendo su presidenta, Luisa Acevedo, se encadenó, atadas unas con otras, en la entrada principal de la sede del Departamento de Justicia en Miramar para protestar contra la privación de derechos.

En el acto de desobediencia civil, el grupo de mujeres trabajadoras repudió el despojo de derechos civiles que criminaliza acciones sindicales como las efectuadas por cinco huelguistas de la UTIER que fueron imputados de delitos por ejercer el derecho laboral a la huelga.

Así, también, lo sucedido en el caso de un grupo de estudiantes contra quienes se pretende aplicar la ley conocida como ‘Ley Tito Kayak’ por protestar el pasado diciembre contra el proyecto de molinos de viento en Santa Isabel.

Conforme a lo manifestado por Mayra Rivera, presidenta de la Comisión de la Mujer de la UGT, estas prácticas constituyen un claro retroceso en las áreas de libertades civiles y de expresión.

‘Criminaliza actividades dirigidas a expresar el sentir de la ciudadanía y a defender sus derechos ciudadanos’, agregó Rivera.

Dijo que es inaceptable que se imponga restricciones a la libertad de expresión mediante el establecimiento de una pena de reclusión por un término fijo de tres años y seis mil dólares de multa a todo ciudadano que ‘perturbe, interrumpa o impida la realización de los trabajos de la Asamblea Legislativa.

También, a través de la tipificación como delito de cualquier protesta que ‘obstruya el acceso o afecte las labores de instituciones de enseñanza, centros de salud o edificios gubernamentales’. Y de paso, con su definición de cualquier protesta contra obras de construcción o movimientos de terreno que han recibido la autorización de las autoridades gubernamentales como ‘un acto delictivo’.