Sin importar lo que digan los informes, “tengo que proteger la posición del gobierno”

Luego de meses evitando apariciones públicas y negándose a responder a las preguntas de Noticel, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DRC”), Francisco Quiñones Rivera, reapareció anoche en el programa televisivo Ultima Palabra que transmite el Canal 11.

La presentadora, del programa Lcda. Alexandra Lúgaro, comenzó su entrevista cuestionándole a Quiñones Rivera si en efecto la liberación de Hermes Ávila Vázquez fue “responsabilidad de Corrección”. La licenciada Lúgaro de inmediato enfatizó, “Al final del día, ¿quién tuvo la culpa?”.

La preguntas pudieran estar relacionadas al hecho que el informe del Departamento de Justicia, el propio DCR y uno de los informes del Senado, concluyen que la responsabilidad de la salida fue exclusivamente de ocho empleados del DCR.

¿Quién dejó salir a Hermes Ávila Vázquez?
Según el secretario Quiñones Rivera, el decir que la salida fue responsabilidad de los ocho empleados del DCR son meras “alegaciones del proveedor de servicios”. Según abundó, “esa es la narrativa de ellos, echarle la culpa a otro, yo no voy a discutir, tú eres abogada, no voy a discutir públicamente las interioridades del caso, eso lo está manejando el Departamento de Justicia. La Lcda. Lúgaro pudo haber estado haciendo las preguntas debido a los informes públicos que apuntan a que fueron empleados del DCR actuando contrario a la ley, los que liberaron al asesino.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Puerto Rico (“Justicia”) hizo público un informe de 258 páginas en el que resume la investigación realizada el Departamento, el cual obra en poder del Secretario, y concluye que, “los empleados del DCR que intervinieron en el proceso de excarcelación omitieron las funciones inherentes a su cargo en la evaluación, recomendación, concesión y eventual excarcelación de Ávila Vázquez para el disfrute del pase extendido por condición de salud bajo la Ley Núm. 25-1992”. El mismo informe añade que “los médicos de Physician Correctional no incurrieron en los delitos de fraude, incumplimiento del deber o negligencia en el cumplimiento del deber”, según definidos en el Código Penal de Puerto Rico.

El propio Departamento de Corrección y Rehabilitación, en un documento interno que permaneció confidencial y oculto hasta que fue divulgado por Justicia tras una orden del Tribunal y publicado en exclusiva por Noticel, establece claramente que Physician Correctional no intervino en el proceso de excarcelación del feminicida y que los funcionarios del DCR actuaron por iniciativa propia, sin que mediara siquiera una solicitud formal del confinado para acogerse al beneficio de Ley 25. De hecho, el documento concluye, que los médicos no participaron en nada, ya que la solicitud de Ley 25 en la que los médicos participaron concluyó negándole la salida a Ávila Vázquez.

Según este informe de investigación interna del DCR, la evaluación de Ley 25 que realizó la empresa Physician Correctional fue denegada el 31 de mayo del 2022 lo que resultó en que Ávila Vázquez se mantuviera encarcelado. Aproximadamente 11 meses después de esa denegación, el 13 de abril de 2023, sin mediar una nueva solicitud de Ávila Vázquez y sin llevar a cabo un proceso de evaluación adicional, los empleados del DCR liberaron al recluso.

En el Senado de Puerto Rico, la conclusión fue similar. El informe sometido y que fuera suscrito por el senador Thomas Rivera Schatz establece, entre otras cosas que, “la determinación final y la prerrogativa legal de excarcelar a un confinado bajo cualquier programa de desvío, o de pase extendido, recae exclusivamente en el DCR”. Esto, luego de una docena de extensas vistas públicas donde se entrevistaron a todos los involucrados en la salida del feminicida.

“Tengo que proteger al Gobierno”
En un aparte con Noticel, Quiñones Rivera, aseguró que no habló del caso de Hermes Ávila y que solo discutió otros temas. Ante la insistencia de este medio digital, el secretario dijo, “acuérdate que hay una demanda, tú me entiendes, mientras yo esté como Secretario debo velar por los intereses de mi Gobierno”.

El Secretario se negó a comentar sobre los informes de Justicia, el Senado y el propio Departamento que dirige que apuntan a que los responsables de la salida del convicto asesino fueron empleados del DCR y que Physician Correctional no tuvo nada que ver. Ante esto, Quiñones Rivera se limitó a decir que, “tengo que proteger la posición del gobierno”.

Ante la pregunta de si finalmente va a sustituir la compañía Physician Correctional, el Secretario indicó que, “nombré un comité de 5 personas, rindieron un informe y me pidieron un perito para tener una evaluación más profunda. Tengo que esperar por que el perito me diga de todas las posibilidades que me recomiendan”. El contrato del perito establece que se entregará un informe en un corto término de 14 días.