A 29 días para las elecciones generales, el gobierno de Luis Fortuño volvió a la carga e intenta despedir a un grupo de 21 empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que laboraron bajo las administraciones de Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

Los perjudicados acudieron hoy al Tribunal Superior de San Juan con un recurso de interdicto para detener el nuevo proceso de cesantías, confirmó una persona que sería despedida y que prefirió no ser identificada.

En el 2011, cuando ya había concluido el período efectivo de las cesantías que se iban a dar bajo Ley de 7 de emergencia fiscal, los demandantes recibieron las cartas de intención de despido. En esa ocasión fueron al tribunal y se detuvo el proceso de cesantías.

Los intentos de despidos se dan, incluso, contra empleados que tienen más de 25 años de servicio en el gobierno, pero en sus misivas el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, aseguró que los procesos de reinstalación de los afectados _que ocuparon puestos de confianza en administraciones del PPD_ a sus puestos de carrera en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) son ‘ilegales’.

Entre los servidores públicos que recibieron las cartas en pleno inicio de la época navideña se encuentra Ysuannette Santiago, ex directora de comunicaciones d la Comisión de Seguridad en el Tránsito y ayudante especial del Secretario del DTOP y, además, había trabajado en la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Carolina.

También recibieron las misivas para dejarlos en la calle Wanda Morales, directora d Oficina de Servicios al Ciudadano de ACT/DTOP y otrora ayudante especial del ex alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, así como Aracelis Rivera, quien fue secretaria del ex titular del DTOP, José M. Izquierdo, y también fue secretaria de Fernando Bonilla cuando fungió como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos.

La misma suerte corrió Lilliam Gómez Cabrera, quien secretaria del subsecretario del DTOP que estaba al mando del ex titular de la agencia, Gabriel Alcaraz, al igual que Charlotte Santiago, quien fue secretaria del director ejecutivo de la ACT.

Otros que recibieron la carta fueron Ángel Valle, Edwin Meléndez Sojo y Carmen Zoraida Díaz, así como María Milagros de la Torre, Ivelisse Gorbea, María J. Haddock e Irma R. Moyeno Valle, quien fue directora de prensa del ex secretario, Carlos González, y también de los ex secretarios de Estado, José M. Izquierdo y Fernando Bonilla.

‘Le apercibo que previo a que se adopte una decisión final, le asiste a usted el derecho de solicitar la celebración de una vista administrativa informal, derecho que de así interesarlo deberá ser solicitado por escrito dentro del término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente. Dicha solicitud deberá ser dirigida a la Sra. Brenda Gomila Santiago, directora ejecutiva auxiliar de Recursos Humanos y Asuntos Laborales’, indica la misiva que se le envió en septiembre de 2011 a los perjudicados.

‘Transcurrido el término antes referido sin que usted solicite la vista administrativa informal, o luego de recibir el informe del Oficial Examinador que presida tal vista, le notificaremos la decisión final’, concluye la carta, copia de la cual obtuvo NotiCel.