La defensa de Pablo Casellas Toro evalúa si acudirá al Tribunal Supremo a pedir la revisión de la orden judicial mediante la que el imputado del asesinato de Carmen Paredes tendría que presentar una certificación al Departamento de Hacienda que corrobore la legalidad de los $4 millones que se usaron para fiarlo. El propio secretario de Hacienda admitió que sería la primera certificación de ese tipo que maneja.

De paso, el licenciado Arturo Negrón García aclaró a NotiCel que el dinero para pagar la fianza sí es del caudal del juez federal sénior, Salvador Casellas, y no del licenciado Guillermo Ramos Luiña, como reportó El Nuevo Día. La orden de ayer del apelativo aclara que Ramos Luiña era ‘mandatario’ del matrimonio que conforman el juez Casellas y su esposa Carmen Ana Toro Díaz, por lo que está legalmente capacitado para realizar gestiones en nombre del matrimonio.

‘Quien lo fió fue el juez Casellas. El dinero es del juez Casellas. El otro abogado era apoderado de él y había llevado la fianza con un poder’, afirmó.

‘Estamos contemplando hacerlo, aunque ahora habrá que esperar porque el Secretario de Hacienda dijo que ese formulario no existe’, dijo Negrón García sobre la solicitud de revisión al Supremo.

El abogado se refirió a que el titular de Hacienda, Jesús Méndez, reveló en entrevista con Radio Isla 1320 que es la primera vez que se le solicita una certificación de ese tipo a tenor con la Ley 190 de 2009.

‘No hay un formulario que yo tenga conocimiento en el Departamento de Hacienda que se hace a tenor con la Ley 190. El que exige el documento, la certificación es el Tribunal, así que ellos son los que tienen que indicarnos que es lo que esperan recibir en esa certificación’, dijo el funcionario.

Méndez explicó que el referido estatuto lo que dispone es que se certifique que el fiador es un contribuyente bonafide.

‘Contribuyente bonafide no es un término definido bajo el Código de Rentas Internas’, destacó el funcionario, quien no obstante dijo que cumplirá con todas las disposiciones de la orden judicial.

El Tribunal Apelativo denegó el lunes en la tarde el recurso presentado por otro abogado de defensa, el licenciado Harry Padilla, para no tener que presentar una certificación de Hacienda que pruebe que, en efecto, su fiador cumple con las leyes contributivas locales y ha reportado ingresos que sustentan la fianza de $4 millones prestada a su favor tras la imposición del juez de instancia de Bayamón Rafael Villafañe Riera.

El juez Casellas llegó el pasado 5 de septiembre a la corte con dos cheques de gerente por $2 millones y la resolución apelativa emitida ayer sostiene que el licenciado Ramos Luiña presentó los cheques al tribunal a nombre del juez federal y de su esposa, lo que los convertiría a ambos en los fiadores.

Casellas Toro, acusado de asesinar a su esposa, salió en libertad bajo fianza el miércoles de la semana pasada, el mismo día de su arresto. Desde entonces, Casellas Toro se encuentra con grillete electrónico y cumple condiciones de arresto domiciliario en casa de su padre.

El plazo para presentar la citada certificación es este miércoles. De no cumplirse con el requisito, el juez Villafañe podría revocarle la fianza a Casellas Toro.