La nueva Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas permite que ciudadanos, corporaciones y uniones realicen gastos independientes sin límites a favor de un candidato político, partido o posición determinada ante un evento electoral.

Lo importante aquí, según explicó el Contralor Electoral durante un taller ofrecido por el Centro de Periodismo Investigativo, es que el gasto independiente tiene que estar separado de cualquier estructura de los partidos.

Es decir, que si un ciudadano decide sacar $10,000 de su bolsillo y pautar un anuncio a favor o en contra de un candidato, lo puede hacer.

El único requisito será que se registre en la Oficina del Contralor, pero esta figura no puede establecer límite del gasto ni de recaudos. Si se trata de un grupo de electores que se unen para expresarse a través de publicidad, deberán registrarse antes de pautar su anuncio.

De esta forma, la ley se atempera a la jurisprudencia reciente sobre libertad de expresión que se estableció con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos Citizens United vs FEC en 2010, que señala que las personas jurídicas tienen el derecho constitucional de realizar gastos independientes con fines electorales sin estar sujetos a límites o topes.

‘Esta decisión abrió dramáticamente lo que es el gasto de campañas electorales, (aunque) en Puerto Rico no lo hemos sentido como se ha sentido en Estados Unidos’, apuntó Torres.

Torres mencionó que hasta ahora se han registrado bajo esta disposición el exjuez del Tribunal Supremo, José Andreu, la Asociación de Gobernadores Republicanos y un comité que fue registrado por Héctor Morales, para efectuar gastos relacionados con el proceso de plebiscito de estatus. Mientras, se evalúa si un gasto realizado por el Colegio de Médicos se realizó conforme la ley.

En el caso de las corporaciones, basta con que su junta de directores apruebe el gasto, mientras que a las uniones se les requiere que convoquen a toda su membresía a una asamblea y más de la mitad de los miembros voten a favor del desembolso de dinero.

La nueva jurisprudencia mantiene vigente la prohibición de que las corporaciones aporten directamente a las campañas de los candidatos y deja en $10 millones el límite de gastos que puede hacer un candidato a gobernador en campaña.

Compromiso por mejorar el acceso a la información electoral

Los informes sobre los gastos realizados por los distintos aspirantes políticos en las pasadas campañas electorales están acumulados en la Oficina del Contralor Electoral. Torres, quien desde marzo ocupa el puesto, se ha comprometido con llevar a cabo un proceso de digitalización que permita a periodistas y ciudadanos monitorear y fiscalizar mejor cómo se utiliza el dinero público en tiempo de elecciones.

‘Estamos tomando varias acciones para buscar la manera en que la información pública fluya lo mejor posible. Tengo la certeza de que mientras más pública es la información, mejor la oficina puede funcionar’, indicó luego de mencionar que cuando llegó a la posición, encontró más de 5,000 informes que no se habían entrado al sistema, había que cotejarlos manualmente. Además, ‘nunca se terminó el proceso de auditoría de los candidatos’.

El Contralor Electoral explicó que su oficina cuenta una unidad encargada de monitorear los medios de comunicación y de cotejar que los informes de los aspirantes políticos reflejen los gastos reales en propaganda publicitaria. El gasto que se hace en Internet pasa por el mismo rigor que en un anuncio en cualquiera de los medios tradicionales.