Mientras la clase política se escandaliza por el fraude electoral en Guaynabo, el cacique político carcelario Carlos Cáceres Pizarro, quien según fuentes organiza votos para el Partido Nuevo Progresista (PNP) a cambio de privilegios en el penal enfrenta hoy una vista preliminar por narcotráfico que pone a prueba sus conexiones políticas.

La vista preliminar contra Cáceres Pizarro por posesión de heroína y cocaína, dinero en efectivo y un celular, que se le ocuparon en la unidad 501 de Bayamón, será hoy en la sala 404 del Tribunal de Bayamón.

Cáceres, alias Carlitos Guaynabo, fue inicialmente convicto por el asesinato de un sacerdote pero antes de ser ingresado a máxima seguridad por posesión de drogas, manejaba una sociedad bíblica carcelaria y fuentes alegan que tenía contacto directo con políticos como el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, el alcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges y el ex secretario de Departamento de Corrección, Carlos Molina.

El arresto de Cáceres pone al descubierto profundas lagunas en la Ley Electoral, en su versión vieja y en su versión ‘reformada’, que viabilizan el fraude en las prisiones de una forma muy similar al fraude que ocurrió en las primarias del PNP en Guaynabo y que tanta atención ha generado.

El problema es sencillo, cuando el preso va a votar en el penal, se le toma como buena su declaración de cuál es su pueblo de residencia. Queda de los comisionados electorales investigar la veracidad de esa declaración y recusar votos algo que rara vez ocurre en ejercicio electoral fuera de los penales, mucho menos en las votaciones dentro de los penales. Esa ‘laguna’ puede usarse a favor de candidatos en las primarias, y en las elecciones generales, particularmente candidatos legislativos y candidatos a alcaldías, tal como el exsecretario de Corrección, Carlos Molina.

Luz Delia Vázquez, encargada de educación electoral en la Comisión Estatal de Elecciones, explicó que ‘hay dos escenarios de inscripción (para los presos): un escenario es cuando las juntas van a las instituciones penales y buscan a ‘Juan Pérez’ y si aparece inscrito se va con la información que dice el registro electoral. Allí se le llena el voto adelantado y se usa esa infromación’.

En el segundo escenario, cuando el confinado o confinada no estaba inscrito, ‘cuando se le está inscribiendo se le pregunta dónde residía antes de que ingresar a la institución penal’.

Corroborar que la información que dé el preso sea correcta es parte del trabajo de campo que realizan los comisionados electorales de cada partido.

La ley electoral establece que los requisitos de inscripcion incluyen que el votante tenga 18 años, esté domiciliado en Puerto Rico, viva en la dirección que prestó y esté capacitado judicialmente. De no corroborar alguno de los requisitos, el comisionado electoral tiene 10 día para recusar, o rechazar el votante.

El día de la elección se preparan dos sobres, uno con la información del votante y otro con las papeletas en las que podrá ejercer su derecho. En la cárcel se parean los sobres con los votantes quienes pertenecen y luego que se realiza la votación, se devuelven a la CEE.

El organizar políticamente el voto confinado tiene efecto multiplicador. Katherine Angueira,activista por los derechos de las víctimas del crimen, argumentó que a cada voto de un confinado se le deben sumar tres que corresponden a los familiares del mismo.

El sistema carcelario está compuesto por 47 instituciones. En 2008, se instalaron 36 centros de votación y se inscribieron para votar 10,563 reos adultos y 200 jóvenes.

Las controversias sobre la manipulación del voto de los confinados no son nuevas. De hecho, en el 2008, tanto para primarias como para elecciones generales, hubo controversias por reuniones y correspondencia que se intercambiaron el liderato de los presos con el entonces candidato Rivera Schatz. De hecho, Edwin Mundo, quien en ese momento igual que ahora era comisionado electoral del PNP, llevó al tribunal al exsecretario de Corrección Miguel Pereira porque éste no permitió la entrada a los penales de coordinadores electorales del PNP que eran, también, empleados de Corrección. Mundo también acusó a Pereira de trasladar confinados el día de la votación a propósito para malograr su capacidad de votar por candidatos legislativos.