Contrario a lo que dijo el gobernador Luis Fortuño anoche en su mensaje de presupuesto, el caso federal Morales Feliciano por violación de derechos civiles a los confinados no ha terminado y ni siquiera se radicó documento alguno en el expediente del caso el viernes pasado, como también dijo el mandatario.

‘Hace unos meses anuncié que habíamos empezado a lograr avances en algunas áreas. Esta noche, me complace informarte, que el viernes pasado,sometimos ante el tribunal federal de distrito el acuerdo entre las partes que reconoce que finalmente Puerto Rico está en cumplimiento en todas y cada una de las 19 áreas en litigio. Y con esto, finalmente, habremos cerrado para siempre este triste capítulo en la historia de Puerto Rico que se llamó el Caso Morales Feliciano’, dijo el gobernador en su mensaje televisado.

NotiCel revisó el expediente electrónico del caso y no hay documento alguno radicado por ninguna de las partes el viernes pasado. Hay una moción sometida por los abogados de los confinados el lunes 16 de abril, y hay una orden del juez Paul Barbadoro este lunes 23 de abril relacionado con un hogar que da servicios a la población penal, pero no hay absolutamente ninguna radicación entre esas dos fechas.

Jesús González, secretario de Corrección y Rehabilitación, sacó la cara por el mandatario y aseguró en entrevista con NotiCel que el caso sí está cerrado y que el jueves se sometió un documento estipulado por las partes ante el juez designado por Barbadoro para atender los asuntos posteriores al acuerdo, Charles Cordero.

NC: El Gobernador mintió?

‘Todo lo contrario, ha dicho lo correcto. Ya el caso está cerrado. Las partes reconocen el cumplimiento sostenido y lo hemos ido demostrando con documentos en mano’, dijo el funcionario.

‘El documento está ante el juez Cordero y ya el caso está cerrado’, insistió.

Afirmó que las 19 áreas que requerían cumplimiento se han ido completando en diferentes etapas desde que inició la presente administración en el 2009.

‘Corrección se sentaba semanalmente con los abogados de los demandantes y se fueron cumpliendo las 19 áreas según ordenaba el juez’, destacó González.

En cuanto al status del caso, un examen de los documentos y las minutas de las vistas realizadas en los últimos tres meses indica que todavía hay sobre 12 áreas del caso en las que los abogados de los confinados y los abogados del gobierno no se han puesto de acuerdo. Para poder terminar el caso, todavía falta que ambas partes lleguen a consensos para solucionar esas áreas. Si no, las áreas en disputa irían a litigio con vistas en el tribunal. Aún si resolvieran todas las áreas, todavía queda la discusión para determinar cuál es la compensación que el gobierno debe pagar para resarcir los daños sufridos por la población correccional.

Entre las áreas que todavía están en discusión figuran la seguridad (todavía ocurren asesinatos en los penales con facilidad), los alimentos, y si la cantidad de personal que tiene el gobierno es adecuada para dar los servicios que se requieren.

Las partes tienen hasta el 1 de mayo para someter un informe con sus acuerdos, o desacuerdos. El comisionado especial que nombró Barbadoro, el juez Charles Cordero, ha sostenido varias reuniones y visitas a los penales, pero el único acuerdo que se ha sometido para la aprobación del tribunal es el relacionado a la prestación de servicios médicos que está privatizada. Y aún ese acuerdo todavía no ha sido aprobado por el tribunal.

El caso tiene en el aire todavía unos $260 millones en multas que se le han impuesto al gobierno por distintas instancias de incumplimiento, pero que no se hn cobrado. El gobernador proclamó como un triunfo ayer que el único margen deficitario que queda por atacar en el presupuesto general son $330 millones.