Al final del día, el castigo legislativo que enfrentará el representante José Luis Rivera Guerra por su patrón de violaciones de ley e irregularidades en los servicios y la construcción de dos propiedades se reduce a dejar de ganarse entre $1,500 y $1,700.

Ése es el cálculo que realizó esta mañana en WKAQ el representante popular Luis Vega Ramos sobre las dietas que Rivera Guerra dejaría de ganarse en los 10 días de suspensión que le concedió la mayoría cameral, y que recomendó la Comisión de Ética.

El salario de Rivera Guerra, de $73,775, permanece intacto. El tope de unos $1,700 que dejaría de ganar en dietas contrasta conque, según El Nuevo Día, el legislador reportó ingresos en 2008 de $111,683 por concepto de dieta. Rivera Guerra, por tanto, dejará de ganar, a lo sumo, un 1.5% de lo que se ha ganado en dietas en un año.

El legislador podría tener otras consecuencias por los referidos al directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Departamento de Justicia que hizo ayer el Gobernador, pero los intentos de exculparlo están vivos en la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, quien esta mañana metió la mano para enturbiar las aguas en esos dos foros.

Sobre el referido al directorio, aseguró que el legislador ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por la colectividad para que pueda aspirar nuevamente a una candidatura en la Cámara. De hecho, el alcalde de Yauco, y miembro del Directorio, dijo que votará a favor de Rivera Guerra y aseguró que éste ganará por más votos.

Mientras, en el caso de Justicia, aprovechó para presionar a que Justicia se mueva rápido, no en el asunto de Rivera Guerra, sino en la ristra de otros referidos que se le han hecho por hallazgos en la Universidad de Puerto Rico, y otras agencias.

‘Espero que el secretario de Justicia pueda darnos el estatus de los referidos que hemos hecho por situaciones en la Administración del Retiro, en el Fideicomiso de las Comunidades Especiales, por los pagos indebidos en Administración de Servicios Médicos, así como la radicación de cargos a funcionarios de la pasada administración, responsables de la crisis económica a la que llevaron a Puerto Rico’, destacó.

Al mismo tiempo, planteó que casos como los mencionados, ‘donde hay delitos graves que representan la pérdida de importantes sumas de fondos públicos’, deben verse con la misma celeridad con la que esta Cámara actuó.