La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enfrenta una segunda demanda de clase en el Tribunal Federal por los daños económicos que causa el ‘ajuste por combustible’ pero, en esta ocasión, el fundamento es la Ley Anticrimen Organizado (RICO) creada originalmente para combatir la Mafia.

De ser aceptado por el tribunal, y de prosperar, la ley RICO permite que los demandantes no solamente recuperen la cantidad que corresponde a los daños sufridos, sino que permite reclamar y obtener una cantidad igual al triple de esos daños.

La demanda del licenciado John E. Mudd no cuantifica los daños pero indica que se refiere al equivalente a ajuste por combustible cobrado a todos los abonados desde el 2000, y determina que el cobro ilegal equivale a poco más de 12% de lo facturado.

Los demandantes incluyen el dueño de una gasolinera, Magnolia Shell, y una franquicia de los restaurantes Taco Maker en Lares. Los demandados incluyen, además de la AEE, a su director interino Otoniel Cruz, su exdirector Miguel Cordero, su exdirector Jorge Rodríguez, y los miembros actuales, así como algunos pasados, de su Junta de Gobierno.

‘Desde 2000, la AEE y los demandados enviaron facturas mensuales fraudulentas que no reflejaban el consumo real de electricidad, que no reflejaban el costo real de compra de energía, o el costo real de combustible usado para generar la electricidad consumida, y les cobran el doble por compra de combustible y energía. Estas facturas eran falsas, infladas para enriquecer a la AEE y los demandados. Estos actos son un patrón de crimen organizado según definido por la (Ley RICO)’, indica la demanda.

‘Los demandados violentaron RICO y causaron daño a los demandantes y a la clase, no por razón de su conducta concertada para obtener ganancias, sino por obtenerla usando medios ilegales: por maximizar ganancias y rendimiento mediante un patrón y práctica de engañar y encubrir las decisiones sistemáticas que colocaron las metas financieras por encima de la facturación correcta de los abonados, realizado eso en contra de las leyes aplicables’, añadieron.

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