Una semana antes de que el hijo del alcalde de Canóvanas y ex empleado de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Christian ‘Chemito’ Soto Mujica, fuera arrestado por cargos de conspiración por traficar con drogas y le ocuparan dos pistolas y un rifle de asalto en su apartamento, su ex jefe, el representante penepé, Héctor Torres Calderón, radicó una resolución de investigación que busca liberalizar los requisitos de la ley de armas en Puerto Rico para tener y poseer armas de fuego.

Del análisis que hiciera Pesquisa Boricua de las propuestas de investigación y legislación que ha promovido Torres Calderón, se establece que el pasado lunes 26 de septiembre, el Representante de Distrito radicó la 1882, para ordenar ‘a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un análisis sobre las disposiciones contenidas en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como ‘Ley de Armas de Puerto Rico’, a la luz del caso judicial McDonald v. City of Chicago, a los fines de desarrollar la promulgación de legislación que atempere la normativa local con el nuevo marco legal establecido’.Pesquisa Boricua.

Torres Calderón, natural de Morovis, promotor de al menos dos proyectos de ley sobre armas y una resolución de investigación, fue el jefe de ‘Chemito’, hoy encarcelado sin fianza en el Centro de Detención Metropolitana, ante acusaciones de ser el segundo en mando de una ganga de narcotráfico que movió sobre 1,000 kilos de marihuana entre México, la costa oeste de Estados Unidos y Puerto Rico. Con relación a las armas, el pasado viernes en la vista de fianza, se descubrió una grabación en la que se escucha al acusado contestar que buscaría una pistola .45 en el sector La Quinta de Canóvanas.

Pero, las casualidades o causalidades que rodean el arresto del que hasta el pasado martes era legislador municipal de Canóvanas, el pueblo que comanda su padre, José ‘Chemo’ Soto, no se quedan ahí.

El 23 de septiembre, el día en que un gran jurado emitió las acusaciones y un juez del Tribunal Federal ordenó los arrestos de una ganga de 28 personas, el legislador Torres Calderón, presentó la Resolución 1882 que busca atemperar la Ley de Armas boricua a la jurisprudencia de Estados Unidos. La Ley 404 está reconocida como una de las más restrictivas a nivel mundial.

EL sábado 24 de septiembre , Torres Calderón, un ex policía del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC), celebró una inspección ocular en torno a otro proyecto, el 2823 ‘a los fines de condicionar la tenencia de una licencia de club de tiro a que la misma cuente con un registro que incluya información relativa a la cantidad y calibre de las municiones que toda persona utilice cuando asista a dicho lugar; revocar la licencia de club de tiro a toda organización que incumpla con lo antes dispuesto; y para otros fines relacionados’.

En el registro electrónico de la Oficina de Servicios Legislativos no se establece en donde se celebró la vista.

En octubre del 2010, celebró vistas públicas en torno a otro proyecto, el 2830 que limita a 500, la cantidad de municiones anuales que una persona con licencia de tiro al blanco podrá adquirir y restringe a dos la cantidad de armas de fuego que podrá portar la persona que posea una licencia de tiro al blanco’. Esa precisamente fue la defensa de Chemito cuando se le incautaron las dos pistolas en medio de su arresto. Que estaban registradas y que tiene licencia de tiro al blanco.

En cuanto al 2830, radicado en agosto del 2010, el Legislador ha dirigido dos inspecciones oculares en San Juan – no se especifica lugar – y tres reuniones ejecutivas de la Comisión de Seguridad, la última el pasado sábado 24.

En junio del 2010, en el caso McDonald v. Chicago (561 U.S. 3025), el Supremo estadounidense resolvió que la posesión y portación de armas como un derecho protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, que se puede aplicar a la clausula de debido proceso de ley (Enmienda 14) y que aplica a los estados.

En el pasado, la presidenta de la Cámara, Jennifer González, habría promovido lo mismo en un proyecto de administración pero a tenor con la resolución judicial del Supremo de EEUU en relación al caso Columbia vs Heller, en argumentado que la posesión de armas es un derecho y no un privilegio en el contexto de una legítima defensa.

Un año antes de que cayera Chemito, y mientras fungía como técnico de la importante Comisión de Seguridad Pública, cuando la presidenta de la Cámara presentó el proyecto 2082, el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, se opuso a las enmiendas que eliminaría la licencia de portar armas y dejarían solo como licencias requeridas las de caza o tiro al blando.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90 porciento de los asesinatos que ocurren en el país se dan con armas de fuego.

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