A dos décadas desde la implantación de la ley orgánica de reciclaje de Puerto Rico, el gobierno ha sido incapaz de superar más de un tercio de la meta de recuperar un 35% de los desperdicios sólidos. Y es que de las 3 millones de toneladas de basura que se produce anualmente -a nivel local- a penas se recupera un 13%, según cifras oficiales.

El director ejecutivo de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), Elí Díaz Atienza, reconoció ante NotiCel la ineficiencia de las múltiples administraciones que han servido durante los últimos 19 años, cuando se estableció el estatuto. Según explicó, ha sido el enfoque equivocado lo que les ha impedido lograr reciclar más de 400 mil toneladas de basura al año.

‘Durante estas dos décadas no ha habido un resultado porque no se han enfocado en lo que realmente es importante. No se han concentrado en dar el servicio a la ciudadanía, de casa en casa’, argumentó Díaz Atienza.

El funcionario detalló que desde siempre la recuperación de material mixto de casa en casa se limitó a 140,000 ciudadanos, menos del 4% de la población. Sin embargo, como parte de su estrategia para alcanzar y sobre pasar la meta de reciclar un 35% de los desperdicios sólidos en el país implementó un sistema más abarcador.

Díaz Atienza indicó que en la primera entrega del Sistema de Recuperación de Material Mixto de Casa en Casa se proveyó equipo para 19 municipios, incluyendo 19 camiones compactadores de material reciclable. Con esta iniciativa se pretende impactar a unas 150,000 residencias adicionales, ya que cada camión está supuesto a recoger el material de entre 6,000 y 8,000 unidades de vivienda al mes. Con la segunda entrega de equipos -que se espera culmine para fin de año- se pretende alcanzar unas 500,000 residencias en total.

‘Con la entrega de estos camiones que son todos iguales y que no se pueden pintar ni cambiar se puede garantizar que se estén usando todos para reciclaje. De un ciudadano ver que no es así puede denunciarlo. El problema es que antes se pedía el dinero para comprar las grúas de reciclaje y la usaban para otras cosas, excepto para reciclar’, denunció sobre la poco uniformidad que existía.

Para exigir fondos, los municipios además tienen que someter una ruta que será monitoreada tres veces al año.

‘Estamos haciendo acuerdos con la Autoridad de Transporte Marítimo para que nos den transportación gratis para los vehículos de reciclaje de Vieques y Culebras y poder bajarlos a Fajardo’, señaló.

Según las estadísticas preliminares de 2010 de ADS, los municipios que más reciclan son: Guaynabo, Aguada, Isabela y Comerío. Mientras que los menos son: Hatillo, Quebradillas, Río Grande y Cataño. Del informe tambien se desprende que el total de material reciclable recuperado en las agencias de gobierno anualmente representa poco más de un 1% (4,350 toneladas).

Sin embargo, Díaz Atienza señaló que no necesariamente los municipios que figuran como los más conscientes están cumpliendo con los expectativas.

‘Puede que sea el caso que los negocios privados de ese municipio estén reciclando mucho y como ahora mismo las estadísticas te dan tanto los resultados del gobierno como de los negocios, se están beneficiando. Estamos trabajando para que las estadísticas se den por separado y así fiscalizar mejor’, aseguró.

A tono con estos esfuerzos, la agencia está maximizando y abriendo nuevas instalaciones de recuperación del material reciclabe (MRFs, por sus siglas en inglés) para poder atender el alto volumen del material de las residencias.

Como medida para que la ciudadanía cumpla su parte, Díaz Atienza adelantó que también se están desarrollando ordenanzas municipales que permitan multar a aquellos que no reciclen ni tengan su contenedor. De hecho, se plantea que si el ciudadano no recicla, el municipio puede hasta optar por no recogerle la basura.

‘A través del contrato se le requiere al municipio una ordenanza municipal que le diga a los residentes yo estoy haciendo esta ruta pero si tienes el servicio tienes que utilizarlo, si no, no te recojo la basura. Esa es la misma ordenanza municipal que tiene Guaynabo’, advirtió.

Por otra parte, el titular de la agencia manifestó su respaldo a la medida que evalúa el Senado y que persigue exigir a los comercios de comida preparada que reciclen. Díaz Atienza planteó que la responsabilidad no debe recaer sobre los municipios, sino que sobre los gastos operacionales de cada negocio.

‘Si yo soy un negocio que me recogen la basura gratis yo no tengo ningún problema, para qué voy a reciclar? No importa lo que yo genere me van a recoger lo mismo. Eso ha desincentivado al punto de que uno no puede inspeccionar en cada negocio a ver como estas manejando los desperdicios’, alegó.

Mientras que el Centro Unido de Detallistas habría manifestado a NotiCel su descontento con el proyecto 2193 por considerarlo repetitivo ya que la Ley 70 exige el reciclaje tanto a las empresas privadas como a las del gobierno. Además, tildó de injusta la medida que trata de establecer una ley de separación de desechos reciclables y orgánicos en los establecimientos privados de comida preparada cuando el mismo gobierno ha sido incapaz de cumplir con el estatuto existente.