Poco más de una veintena de líderes comunitarios se hicieron eco de expresiones de la ex gobernadora Sila M. Calderón y le exigieron a Luis Fortuño que cumpla con la Ley de Comunidades Especiales, al tiempo que reclamaron que se haga una auditoría seria y con su participación sobre las finanzas del Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

Los conferenciantes denominaron el proyecto como el ‘caballito de pelea’ de la administración Calderón y aseguraron que ella sí le prestó atención a sus reclamos porque mantuvo la Oficina de Comunidades Especiales, que era el enlace permanente entre las comunidades marginadas y La Fortaleza.

Esa Oficina la desapareció el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y ahora se mantiene inoperante, al punto que un sólo coordinador atiende las denuncias, reclamos o necesidades de 60 comunidades.

‘Con la administración de Aníbal Acevedo Vilá se hacía una reunión esporádicamente y con esta administración se ha hecho sólo una reunión’, aseguró Carmen Febres, líder comunitaria de Barrio Obrero y quien fue miembro del Consejo Asesor de Comunidades Especiales que debía reunirse al menos dos veces al mes.

‘El problema es la eliminación de la Oficina (de Comunidades Especiales) porque ese era el enlace entre las comunidades y La Fortaleza. Bajo Sila, uno enviaba una carta, una línea, o hacía una llamada a la Oficina y la Gobernadora respondía’, sostuvo el líder comunitario de Los Filtros, Jorge Oyola.

‘El agravante fue en mayo cuando bajo esta administración se le cortaron los fondos a la Oficina’, afirmó Oyola.

Mientras, José Rondón, de la comunidad Camarones, de Guaynabo, le dio nota de B al programa de comunidades especiales y afirmó que el programa funciona de manera beneficiosa para la comunidad y que es por esa razón que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quiere eliminarlo para poder expropiar las comunidades pobres de ese ayuntamiento.

‘Por eso Héctor O’Neill quiere eliminarlo, porque es bueno’ destacó.

A preguntas de NotiCel, los líderes comunitarios no descartaron iniciar un pelito de clase contra la administración Fortuño que está en violación de la ley, aunque reconocieron que será cuesta arriba puesto que el mandatario tiene dominio en la Rama Judicial tras los múltiples nombramientos judiciales que ha hecho, incluyendo el elevar a nueve los jueces asociados del Tribunal Supremo.

‘Esa es una de las opciones que estamos contemplando. Yo creo que el momento ha llegado, pero hemos comenzado con lo que estamos haciendo aquí, que es reiterando nuestro compromiso para que el programa y el Fideicomiso de Comunidades Especiales siga funcionando’, replicó el líder comunitario de Toro Negro en Ciales, José ‘Tito’ Figueroa.

‘Solicitamos al Gobernador una auditoría independiente de los fondos del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales en la cual participen representantes comunitarios’, puntualizó Figueroa.

Los líderes recordaron que bajo el presente gobierno se han presentado múltiples proyectos para ir quitando poderes a la ley que creó el programa y el Fideicomiso de Comunidades Especiales, y otros que han sido para quitarle terrenos a comunidades pobres como fue el caso de la legislación que confiscó tierras a las ocho comunidades del Caño Martín Peña.

Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico realiza un estudio en 42 comunidades pobres a través de toda la isla y ya ha visitado 25 de ellas. Hasta el momento, la organización sin fines de lucro determinó que de esas comunidades ya visitadas, un 52% está en peligro de ser expropiadas.

Ese es el caso de barrio Daguao, de Naguabo, aseguró el líder comunitario Víctor Hugo Rivera.

‘Mi barrio es exitoso y ha tenido grandes logros bajo el programa de comunidades especiales y estamos en peligro de expropiación. Siempre que haya un inversionista dispuesto a invertir, los políticos ceden y la comunidad desaparece’, sentenció Rivera.