Un contrato con un ex legislador, un pago por debajo de la mesa, una conspiración para cometer delito con fondos públicos. No se trata del contrato que Richard Roark Annunziato obtuvo el día después que su amigo Héctor Martínez renunció al Senado, sino del contrato que el mentor de Martínez, el ex senador Freddy Valentín, obtuvo con el ex presidente cameral Edison Misla Aldarondo y que acabó en un caso criminal en contra de este último: Valentín cobraba

$4,000 mensuales y le devolvía $1,000 a Misla, su contratante.

Roark es un abogado recién graduado que, a juzgar por su expediente en el Tribunal Supremo, mantiene un trabajo en una empresa que no se dedica al derecho sino a la construcción, Caribbean Construction Group. Pero aún así recibió un contrato de $7,000 mensuales para ‘asesorar’ a la Comisión de Seguridad Pública que su amigo Martínez presidía antes de que resultara convicto por corrupción en el foro federal.

La contratación ocurrió a pesar de que Roark fue convicto en el foro federal porque, mientras se desempeñaba como agente de Aduanas, mintió en un informe sobre un allanamiento al esconder el hecho de que le había ocupado $100,000 a unos sospechosos. Este caso, que terminó en una declaración de culpabilidad y el pago de una multa, no fue el único que tuvo Roark como agente.

NotiCel confirmó que, en el plano civil, Roark también enfrentó una demanda de dos personas que fueron arrestadas, pero no acusadas, por supuesto tráfico de drogas. Los demandantes alegaron, sin éxito, que el grupo de agentes en el que estaba Roark, escondió información en sus reportes oficiales para conseguir el arresto.

Tras la revelación de la existencia del contrato esta semana en El Nuevo Día, el Senado ha ofrecido pocos datos sobre la consultoría que se hace como resultado del acuerdo.

Roark mismo no contestó llamadas de NotiCel a su celular, mientras que sus padres, William y Nellie, tampoco aceptaron ser intermediarios para una solicitud de este medio.

Cuando el Tribunal Supremo evaluó la solicitud de Roark para entrar a la abogacía, tenían ante sí la convicción y la demanda civil y, de hecho, separaron su caso para una investigación más profunda que incluyó una entrevista. Luego de este trámite, se aprobo su entrada a la profesión.

Ante esto, acudimos a los archivos y encontramos el caso de Valentín, descrito por el propio Martínez como un ‘padre’ para él en una declaración jurada, y quien a fines de los años 90 viabilizó una ristra de casos de corrupción al delatar a varias personas en un intento por salvarse de los años de cárcel que enfrentaba.

Uno de los actos delatados fue que, tras dejar el Senado, Valentín obtuvo un contrato de asesoría por $4,000 mensuales con Misla Aldarondo. De esos $4,000, Valentín devolvía $1,000 a Misla, trámite por el cual el ex representante tuvo que cumplir cárcel.

En el caso de Roark, el contrato fue suscrito el día después de que la renuncia de Martínez al escaño adviniera final y firme. Primero sería para asesorar al senador Carmelo Ríos, quien dijo que no sabía nada de eso, y luego para asesorar a la comisión que ahora encabeza el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.