Alcaldes PPD demandan al Gobierno
La Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático, demandará al gobierno por alegado discrimen y falta de proporcionalidad en la distribución de fondos para realizar mejoras municipales que se obtuvieron con la partida municipal del IVU.
Los $40 millones se distribuyeron siguiendo únicamente el criterio de afiliación política de los ejecutivos municipales a los que le asignaron los fondos, sostuvo el presidente de la Asociación, el alcalde de Comerío, Josean Santiago.
En su demanda de interdicto, los alcaldes populares exigen que se detenga la erogación de dichos fondos por parte del Banco Gubernamental de Fomento.
Las resoluciones presupuestarias en controversia designan fondos a 42 municipios con alcaldes del PNP y a 14 populares, e incluye $3 millones para la Superintendencia del Capitolio para la compra de un generador eléctrico, reparación de elevadores y la construcción de ‘plazas faraónicas’ como la del Holocausto, precisó Santiago.
‘No pretendemos dictarle pautas de cómo legislar, pero se pueden usar criterios objetivos como la tasa de desempleo, la densidad poblacional y otros para hacer la distribución para atender los problemas del país sin estar politiqueando’, destacó Santiago.
Citó como ejemplo que a su municipio, Comerío, le asignaron $35,000, mientras que a Bayamón le asignaron $1.3 millones.
El abogado de la Asociación, Guillermo San Antonio, afirmó que las asignaciones a los municipios populares ‘son nominales, no son justas y que no hay proporcionalidad’ pese a que el IVU se recauda en los 78 ayuntamientos.
Por ello esperan prevalecer en los tribunales.
‘Nosotros lo advertimos y le habímos pedido al gobernador que no firmara la medida y el gobierno de forma temeraria dio paso a esos proyectos y no nos queda otro remedio que acudir al tribunal’, afirmó Santiago.
En el recurso legal, se argumenta además que las asignaciones a la Superintendencia del Capitolio y de la propia Cámara de Representantes ‘son violatorias’ de la Ley 80 que claramente establece que el dinero que se levanta de la partida municipal del IVU en los municipios son para beneficio directo de los ayuntamientos.
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