A dos años de que la Ley 7 de Emergencia Fiscal fuera firmada por el gobernador Luis Fortuño y justo en el día en que vencen muchas de sus cláusulas, varios líderes sindicales coincidieron en que el estatuto es el más ‘nefasto’ en la historia de Puerto Rico.

La ley conllevó medidas impositivas y el despido de miles de empleados públicos y la paralización de los convenios colectivos existentes, todo con el aval, en opinión dividida, del Tribunal Supremo.

Las protestas reinaron durante los dos años en contra de la legislación y las acciones gubernamentales, lideradas por sindicalistas como Luisa Acevedo, de la Federación Central de Trabajadores.

‘En la historia de Puerto Rico (la Ley 7) es la más nefasta para la clase trabajadora’, sentenció Acevedo en entrevista con Inter News Service (INS).

Añadió que ‘creo que esta Ley fue devastadora para familia puertorriqueña que vivió en carne propia la desgracia más grande que le puede suceder un trabajador, que es perder su empelo, y esto ocurrió en casi todas las familias puertorriqueñas’.

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, dijo a INS que el estatuto ‘representó el empeoramiento de las condiciones de trabajo, el sentimiento de menosprecio por el mismo que se supone que sea su patrono’.

Díaz comentó, además, que aunque el magisterio no se afectó directamente si lo sintió de forma paralela porque ‘el Departamento de Educación congeló plazas, hizo que aumentara el tamaño de los grupos y que los maestros ejercieran como conserjes, como personal de mantenimiento y administrativos, lo que afectó la calidad de la educación’.

Se mostró esperanzada en que, con el fin de las cláusulas contra los obreros, se restituyan los derechos, como las licencias y la búsqueda de un representante sindical para los educadores.

Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos, sostuvo a INS que la Ley 7 de Emergencia Fiscal ‘fue una catástrofe, fue como si hubiese habido un terremoto, nos quedamos desprovistos de todos los derechos que adquirimos a través de los años’.

‘Fue el peor golpe que se le ha dado al movimiento sindical y a los trabajadores’, añadió, y afirmó que espera ver cambios ‘en la línea que se llevaba de maltrato y látigo contra los trabajadores’.

Aunque la legislación no aplicó de forma directa a las corporaciones públicas, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) apoyó durante las protestas a los empleados afectados.

Su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, indicó a INS que ‘definitivamente, sin temor a equivocarnos, en adición al efecto nefasto del despido 30.000 trabajadores, fue un paso del gobierno para irse privatizando él mismo porque eventualmente los despedidos fueron sustituidos por trabajadores de la empresa privada’.

Recordó que la Ley ‘conllevó tributación adicional para el país y conllevó un atraso en el mejoramiento de las condiciones de empleo de los trabajadores puertorriqueños al dejar sin efecto los convenios colectivos’.

Figueroa Jaramillo no vislumbra cambio alguno con la conclusión de ciertas partes de la Ley porque ‘se viene discutiendo en el país el famoso Código Laboral y hablando de una reforma laboral, los dos temas entablados en modificar leyes laborales para quitar beneficios y derechos a los trabajadores’.

Para el presidente de la Unión General de Trabajadores, Manuel Perfecto Torres, ‘el 9 de marzo de 2009 quedará marcado en los anales de la historia del derecho laboral en Puerto Rico como un día nefasto para la clase trabajadora’.

‘Hoy, cuando se supone expire la Ley 7 de Emergencia Fiscal, decenas de miles de trabajadores que ofrendaron hasta 13 años y medio de sus más productivos años de vida todavía sufren en carne propia las consecuencias de una Ley que los dejó de golpe y porrazo desempleados’.