La ley CIPA se ha usado en procesos de alto perfil que involucran terrorismo internacional, espionaje, oficiales militares y actos de corrupción cometidos por ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

El aviso del Departamento de Justicia federal de que activará la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés) en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced abre un proceso poco visto en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que ocurrirá mayormente fuera del ojo público.

Y es que el estatuto, creado en 1980, tiene el propósito de crear un espacio de confidencialidad en el que se pueda discutir el uso en un caso criminal de cierta prueba que previamente ha sido marcada como un documento clasificado como confidencial por su impacto potencial a la seguridad nacional. CIPA no tiene que ver con si es válida o no esa prueba clasificada. Tiene que ver con cómo se puede traficar esa prueba entre la fiscalía, la defensa y el tribunal.

El fiscal Nicholas Cannon hizo el aviso en una moción sometida el martes para notificar al tribunal el estado de los procesos en la que divulgó que ya se entregó a la defensa un paquete de prueba que incluye 24 grabaciones de audio.

En la moción no hay atisbo de cuál sería la información clasificada que pretenden presentar como evidencia ni a qué parte del pliego acusatorio atañe.

Según las disposiciones de CIPA, lo próximo que debe ocurrir es que la fiscalía someta una moción que solamente puede ver el juez, en la que va a especificar el detalle de cada pieza de información clasificada que pretenda introducir en evidencia. La fiscalía debe entregar a la defensa un escrito que, sin incluir las piezas ni dar detalles sobre ella, por lo menos contenga un resumen y una vinculación de para cuál parte de las alegaciones de la acusación es que pretenden presentar cada pieza en particular.

La función del juez es evaluar cada pieza para determinar si es admisible como evidencia en el caso y, de ser así, si una versión editada, o una versión que resuma las partes sensitivas, sería suficiente para que los abogados de los acusados puedan preparar una defensa en contra de esa pieza de información. Si el juez decide que los derechos de los acusados solo se pueden preservar si la fiscalía usa la información original, sin editar, entonces la fiscalía tiene que decidir si lo presenta sin editar o si prefiere desestimar aquella parte de la acusación que requiere el uso de esa información como prueba. La fiscalía puede también pedir la revisión del Tribunal de Apelaciones sobre la determinación del juez. A esto se le conoce como el dilema de la fiscalía de «divulgar o desestimar».

Si el juez entiende que debe hacer una vista para discutir la solicitud con las partes, la misma se realiza en su despacho y no en corte abierta, por lo que toda esta parte del caso podría discurrir sin que el público tenga detalles de los argumentos.

CIPA abarca el uso de documentos, fotografías o grabaciones que han recibido la designación de «clasificadas» bajo los distintos métodos de clasificación que existen en el gobierno federal. Aunque CIPA aplica a procedimientos judiciales y no a investigaciones, si la investigación actual contra el expresidente Donald Trump por el manejo ilegal de documentos clasificados llegase a una acusación formal, es anticipable que se usen las disposiciones de CIPA de manera similar al caso de Vázquez Garced.

Esta ley no es de aplicación común, pero ha sido usada y discutida en procesos judiciales de alto perfil que involucran espionaje, terrorismo internacional, actuaciones de oficiales militares y procesos contra ciudadanos estadounidenses acusados de cometer actos de corrupción con gobiernos extranjeros. También en procesamientos relacionados a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA en inglés) y en el caso criminal, a fines de los 80, del teniente coronel Oliver North que surgió del escándalo de venta de armamentos por parte de Estados Unidos a Irán para beneficiar a grupos derechistas que luchaban por derrocar el gobierno de izquierda en Nicaragua.

Vea:

Caso Wanda Vázquez abarca 24 grabaciones e información clasificada por seguridad nacional