La fiscalía federal adelantó que pedirá al juez en el caso de la exgobernadora que active una ley usada para proteger la presentación de evidencia que está clasificada como confidencial bajo las leyes de seguridad nacional.

El Departamento de Justicia federal entregó el primer paquete de evidencia a los acusados en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el que incluye 24 grabaciones de audio.

Según una moción del estado de los procedimientos radicada ayer, el fiscal Nicholas Cannon también adelantó al juez federal Raúl Arias Marxuach que van a activar las protecciones de la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés) para una parte del descubrimiento de prueba, lo que implica que alguna de la evidencia que están obligados a entregar a la defensa son documentos, grabaciones o fotos que han sido clasificados como confidenciales por el impacto que pueden tener a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La activación de esta ley es una ocurrencia muy inusual en el procesamiento criminal federal y puede venir por una petición de la fiscalía, como en este caso, pero también podría ser por petición de la defensa. La CIPA conlleva que el juez examina, fuera de la presencia de las partes, la evidencia que caería bajo la protección del estatuto y, si tiene que hacer una vista, la haría en su despacho en vez de en corte abierta. La decisión final del juez sería si la evidencia clasificada se entrega completa a la otra parte, en este caso a la defensa, o si se entrega editada y si la información que fiscalía puede proveer para resumir o sustituir las secciones editadas es suficiente para que los representantes de los acusados puedan cumplir con sus obligaciones de defender adecuadamente a sus clientes.

La moción no provee ningún otro atisbo sobre cuál sería esa información, o si es documento, grabación o foto, aunque sí consigna que los abogados de los acusados se reservaron el derecho de impugnar la aplicabilidad de la ley. Las alegaciones del gobierno son que Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y su consultor, Mark T. Rossini, protagonizaron un esquema de soborno mediante el que proveyeron apoyo a la campaña primarista de la exmandataria a cambio de que esta hiciera cambios en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para acabar con una investigación del banco de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust.

En este caso ya hay una orden para proteger la confidencialidad de la prueba sometida en descubrimiento y hay otra orden que prohíbe que las partes discutan los hechos del caso, excepto lo que esté sometido públicamente al expediente del caso o lo discutido en sala en corte abierta. Para esta orden de mordaza, ya uno de los acusados, Rossini, le pidió al juez que la rescindiera porque afecta su derecho a expresarse sobre las acusaciones en su contra.

Según la moción, fiscalía entregó 24 grabaciones de audio y el expediente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), actualizado al 28 de julio pasado. En los próximos 14 días, entregarían más actualizaciones del expediente investigativo, transcripciones de testimonios ante gran jurado, y los acuerdos de culpabilidad de «testigos potenciales». Hasta ahora, se conoce de dos posibles testigos que ya hicieron alegación de culpa: el exconsultor de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz, y la expresidenta de Bancrédito, Frances Diaz Fossé.

Además, deben entregar copias de los expedientes del FBI de «dos investigaciones paralelas». De acuerdo a documentos sometidos en el caso del contador público autorizado, Joseph Fuentes Fernández, las autoridades federales hicieron investigaciones sobre el financiamiento de campañas en la isla. Estas investigaciones incluyen, al menos, una que hicieron contra Fuentes Fernández por usar para propósitos personales parte de los fondos que recaudó en el Súper PAC a favor de su amigo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Salvemos a Puerto Rico, Inc., otra que hicieron con Fuentes Fernández como cooperador, que tenía como objetivo a personas de la campaña de Pierluisi Urrutia y que se malogró cuando el contador les divulgó que los estaba grabando de manera encubierta, y una tercera investigación sería la que resultó en la acusación contra Vázquez Garced, el banquero y Rossini.

Las partes concluyeron con una solicitud para que, debido al volumen del descubrimiento de prueba y a las controversias relacionadas, el tribunal no paute una conferencia sobre el estado de los procesos hasta por lo menos en 70 días. Esto empujaría todo el calendario crítico del caso, por ejemplo, el plazo para que los acusados se declaren culpable o se paute inicio de juicio, para hasta principios de 2024.

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