Alcalde suspendido de Mayagüez enfrenta dos cargos criminales con relación a fraude de inversiones con fondos públicos.

El suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, dijo no tener razones para renunciar al cargo que ocupa hace casi 30 años aún con las acusaciones criminales que enfrenta esta mañana presentadas por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El fiscal especial Miguel Colón Ortiz precisó que Rodríguez Rodríguez y la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades, enfrentarán cargos de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por el manejo de la inversión de poco más de $9 millones.

El dinero fue asignado por la Legislatura para la construcción de un Hospital de Trauma en Mayagüez, pero el alcalde decidió transferirlo a la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) para invertirlos en el mercado de valores, pero la inversión no se realizó sino que fue objeto de un fraude. El fraude con la inversión generó un caso federal contra siete personas, incluyendo tres ayudantes del alcalde, pero ninguna acusación contra Rodríguez Rodríguez, a pesar de que el alcalde suspendido era la autoridad máxima en el municipio, como alcalde, y la autoridad máxima en MEDI, como presidente de su Junta de Directores.

«No hay razón por la cual renunciar… tengo un mandato reciente avalado por el pueblo», dijo Rodríguez Rodríguez al entrar a sala. El alcalde suspendido juramentó por primera vez al cargo bajo la insignia del Partido Popular Democrático en 1993.

Aparte del proceso criminal, la OPFEI tiene un proceso administrativo activo que puede conllevar que la suspensión de Rodríguez Rodríguez sea permanente.

La jueza municipal Iraida Rodríguez Castro recibió las denuncias y la evidencia de parte de los fiscales Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada, así como prueba de defensa que presentó la representación legal de los dos imputados y decretó un receso hasta las 3:30, cuando emitiría su determinación de causa o no causa después de escuchar argumentos de ambas partes.

«Esto se va a resolver hoy… tenemos competencia y vamos a atender este asunto», dijo Rodríguez Castro ante argumentos de la defensa de que no tenía competencia para atender el caso porque supuestamente debía hacerlo la Sala de Mayagüez.

Los fiscales presentaron dos declaraciones juradas y documentos de la Legislatura Municipal sobre la ausencia de autorización para que el dinero fuera usado en inversiones. A su vez, el abogado de Rodríguez Rodríguez, Harry Padilla, sometió 10 documentos, aunque uno de ellos tiene como anejo 43 informes de la Oficina del Contralor. Los documentos son cartas entre Rodríguez Rodríguez, Valentín Andrades y el exasesor económico y financiero del municipio, Eugenio García Jiménez, quien es el acusado principal en el caso federal. Algunos de los documentos también los había sometido como prueba suya el fiscal Colón Ortiz, quien también comentó en sala que por lo menos una de las cartas tenía expresiones acomodaticias del alcalde suspendido.

El abogado de Valentín Andrades, Ramón Antonio Parga Cuevas, reveló que el 10 de febrero pasado los fiscales la citaron y le hicieron una oferta para extenderle inmunidad a cambio de su testimonio en contra de Rodríguez Rodríguez pero no prosperó. Para el fiscarl Colón Ortiz, no prosperó porque la imputada nunca hizo la oferta de la prueba que aportaría como testigo y, para la defensa, no prosperó porque los fiscales no le adelantaron qué tipo de evidencia tenían en su contra.

«Mi clienta cumplió con los deberes de su cargo y no cometió delito… está cumpliendo labores en el ejercicio de su cargo», dijo Parga Cuevas fuera de sala al confirmar que Valentín Andrades sigue ejerciendo las mismas funciones en el gobierno municipal y no ha sido relevada.

Al salir, Colón Ortiz defendió su caso distinguiendo que las autoridades federales no prosiguieron contra Rodríguez Rodríguez por el fraude en la inversión porque necesitaban prueba de que hubiera recibido beneficio directo por sus acciones como funcionario público, pero que la ley de Puerto Rico permite procesar al funcionario por corrupción y mal uso de fondos sin tener que probar que se benefició personalmente. Sobre Valentín Andrade, adujo que no se puede escudar con que estaba siguiendo órdenes porque, como funcionaria pública, tenía que decir que no ante el tracto claramente irregular que se siguió con el dinero, empezando porque nunca fue asignado para inversiones sino para completar la fase 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez. Subrayó que la conducta imputada representa corrupción y que la víctima fue el municipio, que perdió esos $9 millones.

Los imputados enfrentan hasta ocho años de cárcel por la malversación y hasta tres años por la omisión en el cumplimiento del deber.