El Tribunal de San Juan ordenó el miercoles a First Bank que entregue mediante expediente sellado, las seis cajas donde supuestamente mantienen el historial de pago de las Empresas Ramallo, luego que la Asamblea Municipal de San Juan emitiera un interdicto para proceder con la investigación de una transacción ‘sumamente frágil’ ocurrida bajo la pasada administración.

El abogado de la parte demandante, Carlos Vicente, explicó en sala que la legislatura recurrió al Tribunal con el único propósito de poder cumplir con el poder de investigación que le otorga la Ley de Municipios Autónomos, en este caso, en torno a una compraventa con First Bank, como tenedor de la hipoteca de la propiedad de las Empresas Ramallo, que implicó una emisión de bonos de $55 millones, cuyo acreedor fue ese mismo banco.

El municipio compróla parcela mediante la emisión de bonos autorizada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Tras comprar la propiedad, Ramallo se quedó como arrendatario con un canon que totalizaba $23.9 millones durante el término de 10 años, renovable a tres términos de cinco años. Sin embargo, el arrendatario se acogió a la Ley de Quiebra, por lo que el Municipio se quedó con una propiedad en desuso, por la que ha pagado más de $10.3 millones, desde que comenzó a pagar al banco en 2012.

La presidenta de la legislatura,Yolanda Zayas Santana, indicó a la prensa que desde marzo de 2014 han estado solicitando documentación al banco que permita observar si hubo tasación de la propiedad o si se investigó la capacidad de pago deRamallo, a quien su abogado calificó como un ‘deudor pésimo’.

‘Fue una transacción abusiva para el Gobierno’, aseguró el licenciado Vicente ante​eljuezÁngelPagánOcasio. ‘Si fuese sólida, que los fondos públicos no estuviesen en precario (…) el banco no tendría preocupación en entregar todo’, sugirió.

Entretanto, el abogado defensor, Francisco Villarubia, expresó que el poder de la asamblea municipal es limitado, e invocó una protección a los derechos de terceros y a los secretos de negocio para no entregar algunos documentos. ‘Decir que la Asamblea tiene poder de ver todas las transacciones en la vida del cliente con el banco, entendemos que no procede’, defendió sobre las seis cajas de documentos no digitalizados y ‘minutas voluminosas’, donde indicó que se discutían otros asuntos no relacionados al caso.

Indicó que la corporación se debe a sus accionistas y al cumplimiento con las regulaciones federales, por lo que tenía que sopesar su responsabilidad de mantener acuerdos confidenciales.

Añadió que la compraventa se realizó con financiamiento de otras dos instituciones bancarias privadas, RG y Santander, que no han sido citadas ante el tribunal.

‘Basta ya de seguir con esta dilación. La legislatura municipal tiene una encomienda y la va a cumplir’, exhortó, por su parte, Vicente, al advertir que si no se resolvía a tiempo se haría un daño irreparable al poder investigativode la legislatura municipal, que no puede estar sujeto a vaivenes político partidistas.

El juez Pagán Ocasio se comprometió en atender el caso con ‘celeridad’, a lo que le ordenó al banco un plazo de 30 días para entregar en expediente sellado, marcado como confidencial, todos los documentos sobre los que se reclama un privilegio. La parte demandante tendrá hasta el 31 de marzo para someter su réplica a los argumentos de ‘privilegio’. Las partes deberán entregar también una moción conjunta el 27 de febrero, indicando los documentos a los que sí han llegado a acuerdos o los que First Bank está dispuesto a permitir que los legisladores examinen.

Los legisladores de la minoría popular, Ángel Noel Rivera y Marcos Rigau Jiménez,habían denunciado en 2010 que se había concretado una reunión a puertas cerradascon funcionarios de First Bank, Ramallo y del Ejecutivo Municipal, previo a la celebración de una vista pública para la consideración del Proyecto de Ordenanza para comprar el edificio situado en la carretera número 1, barrio Quebrada Arenas. En esa reunión, no se le permitió la entrada a los legisladores de minoría.

En una reacción a través de un comunicado de prensa, el banco indicó que ‘FirstBank ha estado cooperando desde el inicio de la investigación que realiza la asamblea municipal sobre la transacción de compra-venta y alquiler de Ramallo International Center, proveyendo la mayoría de los documentos solicitados excepto aquellos en los que tiene la responsabilidad de proteger información confidencial, información de terceros, información ajena a la transacción investigada e información privilegiada y confidencial del banco’.

Lawrence Odell, asesor legal y portavoz oficial de FirstBank, informó que ‘el banco se reitera en que esta transacción se hizo dentro de los márgenes de la ley y cumplió con todos los requisitos y procesos establecidos por el Gobierno de Puerto Rico y por la institución bancaria. El Municipio de San Juan presentó al banco un plan para el uso de estos terrenos y negoció con el vendedor. Ambos acordaron los términos de la transacción y el banco actuó de buena fe para facilitar la misma, luego de un proceso de evaluación exhaustivo’.

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