La trágica historia de Miguel A. González Varela, acusado de quitarle la vida a Whisler Jared Rancel Galarza, despierta interrogantes.

Lo escuché desde que era niña. Lo he oído en canciones, en reuniones familiares, en conversaciones entre amigos. Lo he escuchado como periodista, una y otra vez, sin importar la generación:

“Si alguien le pone una mano a mi hija, lo mato.”

Una frase tajante, pronunciada muchas veces con la voz quebrada por el miedo, otras con rabia contenida, con el pecho inflado de macho protector o el corazón apretado de padre desesperado. Siempre me pregunté si lo decían en serio. Si de verdad estaban dispuestos a matar.

Ahora me lo vuelvo a preguntar, después de conocer la historia de Miguel A. González Varela, acusado de quitarle la vida a Whisler Jared Rancel Galarza, el joven de 21 años a quien su hija denunció —no ante la Policía, sino ante él— como su agresor. No hubo querella oficial, no se activó protocolo alguno. No hubo tiempo para confiar en el sistema. Hubo, según el Departamento de Justicia, un disparo de un padre licenciado para portar un arma… y una vida que terminó.

Los hechos, aunque siguen bajo investigación, son claros en su crudeza. La Fiscalía de Arecibo actuó conforme a derecho y presentó cargos por asesinato en primer grado y por violaciones a la Ley de Armas. La jueza determinó causa probable y se impuso una fianza de $200,000. Justicia hizo lo que le toca.

Y, sin embargo, es inevitable detenerse ante el dilema humano detrás de lo legal. ¿Qué pasa por la mente de un padre que ve a su hija rota, maltratada, golpeada por alguien que la debía cuidar? ¿Cuánto dolor puede acumularse antes de que la desesperación estalle en forma de bala?

No pretendo que se celebre la violencia, ni que se proponga hacer justicia con las propias manos. Pero sí interpelo a la reflexión de un país entero. Porque esta historia no es solo la de un padre acusado de matar, sino también la de un sistema que a veces no llega a tiempo. Una historia en la que las víctimas callan, porque saben que denunciar muchas veces no basta. Porque temen que la protección llegue tarde.

¿De verdad lo decían en serio? ¿Matarían por sus hijas? Ojalá no tuvieran que hacerlo. Ojalá bastara con que el Estado las creyera, las protegiera, actuara con la urgencia que merecen.

Pero mientras eso no sea la norma, el país seguirá dividiéndose entre quienes piden justicia y quienes ya no pueden esperar por ella. Entre los que confían en los procesos y los que sienten que, en el fondo, ya es demasiado tarde.

Llevo años oyendo esa frase, vuelvo a preguntarme: ¿De verdad lo decían en serio? ¿O lo decían porque no sabían qué más decir cuando sentían que todo lo demás les fallaría?

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