Los miembros de la Junta que demandaron por sus despidos, y fueron reinstalados, podrían quedarse seguros en sus puestos varios meses más.

El presidente Donald Trump solicitó a una jueza federal que paralice el caso de los despidos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hasta que el Tribunal Supremo federal decida sobre un caso separado que tiene que ver con los poderes de la presidencia para destituir a funcionarios designados a entidades independientes.

Se espera que la solicitud del viernes a la jueza María Antongiorgi Jordán sea concedida sin más, ya que a la misma se unieron los integrantes de la junta que fueron despedidos, y reinstalados por el tribunal, a saber, su presidente Arthur J. González, y los miembros Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa.

La paralización no impide que Casa Blanca haga designaciones para llenar las tres posiciones que tiene vacante el ente fiscal, pero levanta la incertidumbre sobre su permanencia que se creó cuando Casa Blanca decidió activar una apelación de la decisión de Antongiorgi Jordán.

El caso por el que Casa Blanca quiere esperar es el de la miembro de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, Lisa Cook, a quien el presidente destituyó por alegaciones no sustentadas de un supuesto fraude hipotecario. La funcionaria consiguió ser reinstalada al cargo en lo que su reto al presidente se considera en su fondo y Trump elevó al Tribunal Supremo federal su oposición a esa reinstalación. La vista oral está señalada para el 21 de enero. No hay un plazo para que el Supremo emita una opinión, pero, usualmente, los casos que se atienden en enero se deciden para verano del mismo año.

El Supremo federal ya había denegado en octubre una petición de Trump con carácter de emergencia para revertir la reinstalación. Ambos casos, el de Cook y el de la Junta, tienen que ver con la capacidad del presidente para hacer destituciones cuando un estatuto requiere que sean “con causa” y si a los funcionarios hay que darles aviso y oportunidad a ser oídos antes del despido. Pero los hechos no son similares. En el caso de Cook, la presidencia plantea que la destitución es por hechos ocurridos antes de que la funcionaria llegara al cargo. En el de la Junta, no se les proveyó causa, ni aviso, antes de destituirlos. Solo después de iniciado el caso se presentaron alegaciones de ineficiencia en el desempeño de su cargo.

La jueza federal basó su decisión de la Junta en el caso de Cook, pero no está claro cuánto sirva una expresión del Supremo en el caso local. Cuando acogió la solicitud de Trump para revisar la reinstalación, el máximo foro federal dijo que se limitaría a decidir solo sobre la reinstalación y no sobre los méritos de las razones y proceso relacionados con la destitución. Además, en el caso de la Junta hay un argumento de que ese ente está completamente separado del gobierno federal, ya que la Ley PROMESA lo define como una agencia del gobierno de Puerto Rico.