La pesquisa puede producir más cargos por la transacción de Quebrada Margarita y por otras más del fondo que existe para que los legisladores repartan millones sin transparencia.

El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Antonio “Tony” Soto Torres y el pastor Heriberto Andújar Otero, del Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Inc. (CCSF), son dos de los testigos de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en las primeras denuncias por corrupción en el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) en la Autoridad de Tierras (AT).

Las denuncias se centran sobre $1.2 millones asignados al CCSF que Soto Torres gestionó para CCSF con el fin de que canalizara la Quebrada Margarita, a pesar de que la entidad es una iglesia en Naranjito sin experiencia en ese tipo de trabajo. La obra no se realizó y el dinero no está en las arcas del centro, sino que desapareció a través de múltiples cuentas personales y corporativas del imputado José M. Huertas Torres, quien era simultáneamente, empleado del legislador que tramitó la asignación y contratista de la AT.

El FMM sigue operando a pesar de que desde diciembre de 2024 una auditoría de la Oficina del Contralor lo declaró ilegal y en estado de descontrol. Es el mecanismo que los legisladores de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático han desarrollado para mantenerse repartiendo fondos públicos después de que los “barriles de tocino” fueran eliminados.

Previamente, las asignaciones que hacían los legisladores de distrito a organizaciones o personas particulares pasaba por un proceso de discusión y aprobación, como cualquier otra pieza legislativa. Pero ahora, sale dinero del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para la AT y allí queda estacionado en espera de que algún legisladores indique a quién asignarlo sin necesidad de que los cuerpos en pleno voten o de que haya publicidad, ya que ocurre directo entre el legislador de distrito y la agencia.

Este nuevo “barrilito” está bajo investigación formal desde que el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, hizo referidos contra la exdirectora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez.

La fiscal especial independiente (FEI), Zulma Fúster Troche, confirmó que Soto Torres y Andújar Torres eran testigos de cargo, pero no si lo hacían bajo acuerdos de inmunidad, porque anticipa que esto será materia de discusión el 18 de noviembre, cuando está pautada la visa preliminar contra Rivera Martínez, Huertas Torres y su empresa, 3T Industrial & General Contractor.

Cuando la pesquisa comenzó, estaban bajo la lupa Rivera Martínez, el ingeniero Miguel Santiago Irizarry y la exdirectora de Finanzas de la agencia, Astrid Rivera Febres. En febrero pasado se conoció la ampliación para incluir a Soto Torres y Huertas Torres.

A la vez que ocurrió el referido original en 2022, la AT inició una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra el CCSF, su Junta de Directores y Andújar Otero, en la que la entidad y el pastor prácticamente no se defendieron y en medio de la cual el centro intentó acogerse a la Ley de Quiebras. La AT llegó a pedirle al tribunal que refiriera al pastor al Departamento de Justicia (DJ) por perjurio, debido a que en una deposición del caso dijo que el dinero asignado para la canalización estaba en las cuentas del centro, pero los estados bancarios de la entidad reflejaban un balance de $419.89. El tribunal rechazó el pedido después de una intervención de los FEI y la demanda sigue pendiente.

Pero la denuncia que se le presentó a Huertas Torres el martes incluye cargos porque supuestamente indujo al pastor a mentir en esa deposición porque en ese momento se sabía que el dinero de la quebrada no estaba en la cuenta del CCSF, sino en las del contratista, indicó la fiscal Fúster Troche. Para este cargo, añadió, cuentan con el testimonio del licenciado Manuel Pérez Caballer, quien participó en la deposición. Huertas Torres era también tesorero de la junta del centro.

“Para efectos del caso, el dinero está desaparecido”, dijo la fiscal sobre la asignación de la canalización y al explicar que pudieron examinar varias cuentas bancarias relacionadas a Huertas Torres, incluyendo 12 en Estados Unidos, así como corporativas, y que el imputado usó el dinero para distintos gastos, como la escuela de sus hijos. Sin embargo, hay cerca de $500,000 retirados en efectivo cuyo paradero se desconoce.

“¿Qué hizo con ese dinero? Solo él lo sabe”, apuntó. “Si él benefició a otras personas, él tendrá que decidir si va a tener responsabilidad él solo, o si va a cooperar con nosotros”, ripostó cuando se le planteó si la investigación involucraba a otras personas y si había apertura para que Huertas Torres cooperara.

Los legisladores que se han valido de este dinero para repartirlo a través de la AT son decenas y las transacciones cientos. Fúster Troche precisó que tienen dos auditoras de la Contraloría asignadas a la investigación y que la intención es seguir indagando en los otros $5.8 millones asignados al centro del pastor Andújar Otero. Pero, en la medida en que los delitos contra la función pública no prescriben, anticipó entrar en las asignaciones a otras entidades.

En cuanto a la involucración de legisladores, sin embargo, la fiscal dijo en Jugando Pelota Dura que lo que hacen es una “recomendación” a la AT, pero que es esta dependencia la que hace “la designación final”.

Rivera Martínez ha dicho que la AT no tenía reglamentación para tramitar las asignaciones y que el legislador es “el administrador de los fondos”. Antes de que González Beiró la destituyera, la funcionaria realizó referidos a la Oficina del Contralor. El propio exsecretario de Agricultura apuntó también a presiones de legisladores sobre el personal limitado y no experto en el tema que la AT tenía para atender las transferencias de fondos.

Rivera Martínez y Huertas Torres enfrentan cargos de negligencia en el cumplimiento del deber, lavado de dinero, apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad, falsificación de documentos, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, perjurio, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, tentativa de destrucción de pruebas y fraude o engaño sobre testigos.

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