La jueza federal que atiende la demanda de tres exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal se muestra escéptica de que el Presidente cumpliera con la ley al hacer las destituciones.

La juez federal María Antongiorgi Jordán se mostró escéptica durante la mañana de hoy, lunes, de que el presidente Donald Trump hubiera cumplido con la Ley PROMESA y el debido proceso de ley cuando entre el pasado 1 y 13 de agosto destituyó a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) meramente con un correo electrónico que no exponía razones para la decisión.

Durante una vista, la juez reservó una cadena de preguntas puntiagudas al representante de Trump, Eric J. Hamilton, sobre la actuación del mandatario y, luego, dijo que tendría una decisión en las próximas 48 horas.

Lo que la jueza se llevó para decidir es si los tres exmiembros de la Junta que demandaron pueden quedarse en sus posiciones, las cuales expiran en el 2027, o si se mantienen fuera del ente fiscal. Se trata solo de una controversia preliminar, porque todavía estarían pendientes otras alegaciones, como si el presidente Trump puede remover a funcionarios de un ente que la Ley PROMESA y el Tribunal Supremo federal han definido como un organismo que no es federal, sino del gobierno de Puerto Rico.

Los demandantes son solo tres de los seis que la Casa Blanca despidió son Arthur J. Gonzalez, quien era presidente del ente al momento de su destitución, Betty A. Rosa y Andrew Biggs. La Junta, integrada ahora solo por John Nixon, está demandada en el caso, pero su representante legal, Margaret Dale, dijo que no asumirán una posición en la controversia.

Previo a ser jueza, Antongiorgi Jordán estuvo 24 años en la práctica laboral del despacho McConnell Valdés. Y todo ese adiestramiento sobre qué es y qué no es un despido legal lo desplegó en sus preguntas frente a Hamilton, quien desde el mes pasado enfrenta una petición de investigación ética por engañar a una jueza federal en el caso de los despidos que Trump ordenó en el Negociado de Protección Financiera del Consumidor (CFPB en inglés).

Lo primero que afirmó la juez es que el correo electrónico con el que Casa Blanca comunicó el despido a cada miembro no tenía una causa articulada y le pidió al abogado que le fundamentara en dónde dice que hacerle expresiones posteriores a la prensa era el tipo de “notificación” de causa que la ley requiere.

El viernes pasado en la noche, la Casa Blanca envió cartas de página y media en la que articula algunas razones para los despidos que informaron hace más de un mes, pero cuando el abogado las comenzó a presentar de manera reiterada como la “causa” que se necesitaba, la juez ripostó que ella no iba a atender asuntos que ocurrieron “después de los hechos” y que a lo que se refería era a la “causa” que la Ley PROMESA dice que se necesita para ejecutar los despidos.

“Me perturba su respuesta. ¿Debo entender que su argumento es que, como el presidente mandó a última hora una carta de página y media con alegadas razones de despido, eso va a curar el defecto original de que a los demandantes no se les dio ninguna razón para la destitución?”, planteó la jueza.

“Sí”, contestó Hamilton al insistir en que las cartas proveen la causa que requiere la ley.

Otro intercambio fue:
“¿No es la carta del viernes un reconocimiento de que necesitaba darle razones para destituirlo?”, insistió Antongiorgi Jordán.

“No creo que la carta reconoce eso, pero reconoce que había preguntas sobre las razones”, contestó el abogado de Justicia central.

“¿El presidente está por encima de la ley?”.

“No”.

“¿Así que debo pensar que el presidente tiene que cumplir con la ley?”.

“Sí”.

“Y si PROMESA requería causa, ¿por qué no se dieron causas al momento de la terminación, a los individuos, no a la prensa?”.

“La causa no estaba explícitamente consignada en el correo electrónico. Pero las razones se aclararon poco después y están claras ahora después de las cartas de la semana pasada”.

Por su parte, el abogado de los demandantes, James Pearce, enfrentó preguntas sobre por qué su reclamación se presentó seis semanas después de los despidos, aunque está fundamentada en que se causa un “daño irreparable” con esas destituciones.

El miembro del Washington Litigation Group dijo que esa cantidad de tiempo es todavía relativamente rápido dentro de la serie de casos que han surgido por destituciones de Trump y que los demandantes pasaron trabajo encontrando a abogados que no tuvieran conflicto de interés debido a los asuntos que estos manejaron en la Junta.

Pearce aclaró también que el remedido legal específico que piden no es una restitución, sino que se anule la acción de Casa Blanca y, prospectivamente, se le impida destituirlos por ser un ente del gobierno local y no del federal.

El único integrante de la Junta nombrado por Trump, el cabildero Justin Peterson, presentó un escrito de “amigo de la corte” apoyando la acción de Casa Blanca, pero la jueza dijo que no la iba a tomar en cuenta en esta etapa del caso.

“Está lleno de errores de hecho y de distorsiones”, dijo Pearce sobre ese escrito.

Vea:

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