Los auditores tienen 30 meses para identificar irregularidades entre donaciones y gastos de cada campaña política.

A partir del próximo martes, 12 de noviembre, la Oficina del Contralor Electoral, se dispone a comenzar las auditorías financieras tanto para todos los candidatos políticos, como para los comités de campaña durante este nuevo evento eleccionario.

Por ley, los auditores tienen un periodo de 30 meses para completar las investigaciones y someter los informes finales con las irregularidades encontradas.

Como entidad reguladora del financiamiento de las campañas electorales, la Oficina del Contralor Electoral tiene la responsabilidad de velar por la legitimidad de los donativos que aportan los ciudadanos a las campañas, así como por los gastos que realizan los comités para llevar los mensajes políticos al electorado.

“La ley nos requiere que comencemos una auditoría completa y tenemos 30 meses para hacerlas. El objetivo es verificar que todo aspirante, candidato, comité registrado político o superpac o pac, hayan observado el cumplimiento con las disposiciones de la ley y los reglamentos aplicables”, expresó en entrevista con NotiCel el contralor electoral, Walter Vélez Martínez.

“Como parte de estas auditorías, se estarán evaluando que todos los comité hayan llevado los controles internos que requiere la ley, se va a verificar todos los ingresos que recibieron, ya sea, donativos en efectivo, en cheque, en giro, se hace una evaluación detallada de todos los gastos recibidos e incurridos por estos comités…”, añadió.

El contralor se dispone desde la próxima semana a evaluar todos los informes de cuentas bancarias y se asegurarán que son cónsonos con los informes que radican tanto los aspirantes como los políticos electos. Al igual que investigarán los gastos incurridos en el proceso.

Ya hay corriendo una solicitud formal al Contralor, por parte del legislador Jorge Navarro, para que se le ponga el ojo a los fondos manejados por la campaña de Juan Dalmau Ramírez.

Según el legislador, los números reportados no van acorde con los gastos que a simple vista se ven, como lo es la inversión para acondicionar el terreno donde se realizó el cierre de campaña.

A pesar de las solicitudes formales que pueda recibir el Contralor, las auditorías no se publican hasta que se tenga el informe final.

“Se verifica que cada centavo que se depositó en una cuenta de banco haya sido reportado en los informes que requiere la ley y que estos se radiquen ante la oficina del Contralor Electoral… También habrán entrevistas a donantes”, aseguró.

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A pesar de que el Contralor solo cuenta con 21 auditores para evaluar 1,148 comités registrados y los múltiples candidatos, Vélez Martínez indicó que por experiencias previas, ya conocen las irregularidades más comunes en los eventos eleccionarios y sus donantes.

“Uno de los primeros exámenes y evaluaciones que hacemos los editores es tomar todos los estados bancarios y contrastarlo con el informe de ingresos y gastos que requiere la ley. Eso debe cuadrar o debe ser cónsono uno con el otro. Si hay diferencias, se van a buscar cuáles son como por ejemplo: donativos que están registrados en la cuenta de banco pero no están registrados en el informe de ingresos y gastos…Es uno de los mayores problemas que vimos en las auditorías pasadas y son señalamientos que se hacen continuamente…”, indicó.

El orden que corren las auditorías por ley, es primero con los candidatos a la gobernación y los respectivos comités políticos.

Los otros cargos van a sorteo. Estos son: senadores y representantes por acumulación y distrito, así como todas las alcaldías.

Por lo tanto, los 40 distritos representativos, los ocho distritos senatoriales y las 78 alcaldías, se le determina el orden de auditoría de acuerdo al sorteo que se realizará el próximo martes.

Del Contralor Electoral identificar irregularidades, se procede a notificar al comité el señalamiento y se le da espacio para que contesten sobre el hallazgo identificado.

“Después que se hace la evaluación, nosotros preparamos un borrador de auditoría que se les notifica al comité, al presidente y su tesorero los señalamientos que los auditores pudieron detectar sobre irregularidades y se les da la oportunidad de contestarlos o que nos digan que pasó, que presenten evidencia. Una vez ellos contesten, los auditores evalúan y si entienden que es meritoria la contestación, el señalamiento se elimina y si entienden que no, el señalamiento prevalece y se convierte en un hallazgo que será notificado en el informe de auditoría final”, explicó.

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El hallazgo, según Vélez Martínez, también puede ser referido al Departamento de Justicia.

Cabe señalar que el periodo de 30 meses que tiene los auditores, solo es para identificar irregularidades. Luego de ese término, es válido que se continúe las contestaciones de parte del comité que fue referido, así como las investigaciones por Justicia.

“Yo tengo 30 meses para hacer publicaciones de los informes finales. Si esos 30 meses ya se cumplieron, cualquier comité en el término que tienen pudieran seguir (contestando irregularidades). Ya procesos contenciosos o de apelaciones ya no caen dentro de esos 30 meses”, sostuvo.

Para el pasado mes de junio, el Contralor Electoral radicó 22 recursos en el Tribunal de San Juan por el cobro de dinero de multas impuestas a aspirantes, candidatos, tesoreros y alcaldes del PNP, PPD y MVC.

Vélez Martínez había mencionado que las 22 demandas por violación a la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico corresponden a 60 multas administrativas impuestas, que ascienden a $274,000.

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Entre las faltas señaladas a los comités están: incumplimientos con requerimientos de información, no radicación de informes, ingresos y gastos no informados o no depositados en la cuenta de campaña, donantes no identificados y deficiencias en controles internos, entre otros.

La lista incluía a seis aspirantes y candidatos a legisladores y siete aspirantes a ocupar las posiciones de alcalde. Mientras que, también se presentaran demandas contra dos alcaldes incumbentes y siete tesoreros de comités.

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