Mientras, el Departamento de Justicia comienza una investigación del incidente.

El Comité de Querellas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá 20 días para emitir unas recomendaciones sobre la empleada que filtró datos del registro electoral de la abogada Mayra López Mulero.

El pleno de los comisionados electorales determinó el miércoles en la noche referir el caso al Comité de Querellas.

Esta es una de al menos tres pesquisas en manos del gobierno que podrían tener un efecto directo en el ánimo de los electores de cara a las elecciones de noviembre. Las otras dos son la pesquisa sobre el apagón ocurrido en junio, un tema extremadamente sensitivo que envuelve el crítico sistema energético y la investigación en torno a la liberación del convicto asesino Hermes Ávila Vázquez.

“Son 20 días a partir del referido al comité. Tienen que dar una recomendación al pleno de la comisión e incluye referidos tanto al Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, alguna amonestación y todas las recomendaciones que haga el comité finalmente el pleno de la comisión las acogerá”, explicó la presidenta a preguntas de NotiCel.

«La CEE tiene un procedimiento interno de procesamiento de querellas ante el incumplimiento de lo que es el Código Electoral. Cuando hay infracciones al código electoral, el pleno de la comisión determina referirlo a un comité evaluador compuesto por representantes de los cinco partidos», añadió.

La semana pasada, dicha empleada de confianza de la CEE, Carmen Vázquez Fraguada, confesó haber divulgado información confidencial de la licenciada en un chat de militantes de un partido político, lo que luego confirmó la presidenta de la CEE.

Vázquez Fraguada se identifica en redes sociales como oficial de inscripción de la CEE por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

López Mulero llegó alegar que Vázquez Fraguada estaba presente junto a otros dos funcionarios cuando ella realizó una transacción electoral el pasado lunes.

Por su parte, el pasado viernes, López Mulero radicó múltiples querellas en diversas agencias de los gobiernos local y federal para intentar identificar si alguien ordenó a Vázquez Fraguada robar y compartir sus datos personales .

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