Una querella sometida esta semana enumera miembros del grupo directivo de la campaña primarista de la Comisionada Residente que también figuran en la nómina congresional.

Una querella radicada esta semana al Congreso y las autoridades federales enumera miembros del grupo directivo de la campaña primarista de la comisionada residente Jenniffer González Colón que también figuran en la nómina de su oficina congresional.

El documento, que se divulgó originalmente ayer en WKAQ 580, está dirigido al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y al Comité de Ética de la Cámara de Representantes federal y está ponchado como recibido en las primeras dos. Lo suscribe una persona de nombre Carlos Díaz, quien se describe como «consultor».

La imputación surge después de varias semanas en las que el contrincante de González Colón, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, enfrentó cuestionamientos sobre el aumento de la nómina del equipo de confianza en las agencias del gobierno, los aumentos de salarios que estos han recibido y cómo algunos de esos empleados coinciden con donantes y miembros de su campaña.

Los empleados congresionales, como los adscritos a la oficina federal de González Colón, pueden realizar trabajo partidista de manera voluntaria, pero fuera de horas laborables. Otro criterio que tiene la Cámara es que los empleados deben evitar mantener otras funciones o fuentes de ingreso que denoten que no están dándole al servicio público el compromiso que corresponde a un salario a tiempo completo.

La querella plantea ambas situaciones: empleados que aparecen haciendo trabajo político para la comisionada en horas laborables o que mantienen funciones que le restan a su responsabilidad con la oficina congresional y que plantean conflictos de interés.

Para esto último, la querella presenta el caso de la subdirectora de la oficina de González Colón, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo. A la par con su empleo en la oficina congresional, la abogada mantuvo una práctica legal activa con clientes en el sector público y privado, incluyendo la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y Politank, la empresa de cabildeo de su esposo, y director de la campaña de González Colón, Francisco Domenech Fernández.

Todavía con posición congresional a tiempo completo, Ferraiuoli Hornedo dirige la plataforma en el comité de campaña de González Colón y la ha representado en su función política de vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Según la querella, se trata de actuaciones que pueden violar disposiciones éticas y criminales.

NotiCel cotejó que los empleados mencionados en la querella aparecen en el informe oficial de nómina congresional hasta la versión más reciente, que cubre hasta el 31 de diciembre de 2023. A la vez, los empleados no aparecen en los informes de ingresos y gastos del comité de campaña de González Colón como que reciban compensación de ese comité.

Además de Ferraiuoli Hornedo, quien aparece con salario congresional de unos $10,400 mensuales, la querella apunta a Marieli Padró Raldiris, directora de comunicaciones con salario de unos $11,000 mensuales, Orlando Pagán, director de operaciones de campo con salario de unos $8,000 mensuales, y la expresidenta cameral, Zaida «Cucusa» Hernández Torres, quien cobra unos $5,000 mensuales por una posición de asesora legal que se describe en la nómina congresional como de tiempo parcial.

Una alternativa que tienen los congresistas es convertir la posición de una persona en tiempo parcial, hacerle la correspondiente reducción de salario y entonces la persona podría dividir su tiempo entre la oficina y la campaña, pero solo Hernández Torres está designada como a tiempo parcial.

Ferraiuoli Hornedo, se resalta, tenía una posición directiva en la oficina de González Colón y, a la vez, su esposo y ella tenían contratos con el Colegio de Médicos Cirujanos en momentos en que ese grupo cabildeaba ante el Congreso, y la comisionada, por el tema del financiamiento del Medicaid y Medicare. González Colón apoyó para la reelección al entonces presidente del Colegio, Víctor Ramos, quien era su donante también. El Colegio otorgó exclusividad a Ferraiuoli Hornedo para hacer los trámites que los médicos necesitaban para acogerse a un decreto contributivo por el que González Colón abogó públicamente. La relación con el Colegio le representaban a la abogada y su esposo unos $30,000 mensuales, apunta la querella.

Los conflictos y posibles violaciones de ley con relación a Ferraiuoli Hornedo que incluye el documento abarcan que representó al negocio de su esposo en una demanda que sometió contra bonistas del gobierno de Puerto Rico que lo habían contratado bajo el supuesto de que su compensación dependía de cuánto ellos podían recuperar de su deuda en el caso de quiebra. Como miembro del Congreso, González Colón tenía influencia sobre el nombramiento de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal, que litiga esa deuda, y acceso a información privilegiada, se alega. Ese caso fue transigido fuera del tribunal. También, la abogada representó al expresidente cameral, Carlos Méndez Núñez, en una demanda contra la Junta.

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