A través de una publicación en X, el comité indicó que Ortiz fue detenida el lunes por funcionarios «a bordo de vehículos sin identificación».
CARACAS — El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este martes la detención de Xiomara Ortiz, una de las coordinadoras de la formación en el estado Lara (oeste), y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de desatar una «nueva ola represiva» en varios estados del país.
A través de una publicación en X, el comité indicó que Ortiz fue detenida el lunes por funcionarios «a bordo de vehículos sin identificación».
«Ingresaron arbitrariamente a su residencia, le robaron algunas de sus pertenencias y se la llevaron a la fuerza», explicó el mensaje.
Además, VV dijo que desde entonces desconocen el paradero de la activista política, por lo que exigió una «fe de su vida» y su liberación «inmediata».
Hasta el pasado 9 de octubre, la ONG Foro Penal contabilizaba 841 presos políticos en Venezuela, entre los que había 738 hombres y 103 mujeres.
La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Tanto Maduro como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- son ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
El pasado 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió «medidas de gracia» que permitan la liberación de los presos políticos con motivo de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Vaticano.
En un comunicado, la CEV dijo que esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la «sociedad entera».
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