Los utilizaron para la construcción de aviones, barcos, chalecos antibala y uniformes.

El Pentágono destinó fondos de una partida de 1,000 millones de dólares asignada para combatir la pandemia a contratistas de defensa que utilizaron los fondos para la construcción de aviones, barcos, chalecos antibala y uniformes, informó este martes el diario The Washington Post.

Los fondos eran parte de la llamada «ley Care» que habilitó fondos para adquirir o fabricar material para protección y para prevenir la extensión de la pandemia.

Los fondos del Pentágono, el mayor empleador público de Estados Unidos, estaban destinados a «prevenir, prepararse y responder al coronavirus», pero el Departamento de Defensa, que encabeza Mark Esper, comenzó a dedicar esos fondos a deficiencias que consideraba que tenía en material bélico, casi inmediatamente.

Según los datos y testimonios revisados por el diario, el Pentágono adjudicó a contratistas de defensa centenares de millones de dólares para proyectos que poco o nada tenían que ver con la lucha contra la pandemia, ya que los equipos legales del Departamento de Defensa determinaron que era posible.

Unos 183 millones de dólares se adjudicaron al fabricante de motores de aviación Rolls Royce y a ArcelorMittal, indispensable para mantener la industria naval militar y sus astilleros.

Decenas de millones de dólares se destinaron a satélites, drones o tecnología de vigilancia espacial; 80 millones se adjudicaron a una empresa aeronáutica de Kansas que estaba en problemas por los fallos del Boeing 737 Max y la falta de demanda de transporte aéreo.

Asimismo, se destinaron 75 millones de dólares a subsidiarias de General Electric y se aprobaron gastos por partidas relativamente pequeñas, como 2 millones de dólares que se destinaron a tela para uniformes.

Los legisladores demócratas han pedido abrir una investigación sobre unos gastos que consideran «inaceptables».

Las informaciones sobre el uso de los fondos, que son pequeños comparados con el faraónico presupuesto de defensa estadounidense de más de 686.000 millones de dólares, se conocen en medio de la escasez de máscaras N95 entre los empleados de la salud y la petición de ayuda de algunos estados para distribuir una posible vacuna.