El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy, jueves, que planea poner fin al uso de prisiones privadas en el país, tras concluir que ese tipo de gestión en los penales acarrea más incidentes de seguridad y desprotección que los dirigidos por la Oficina Federal de Prisiones.

La Justicia estadounidense comenzará así a no renovar contratos con esas cárceles con el objetivo de dejar de utilizarlas.

‘Este es el primer paso en el proceso de reducción y, en última instancia, pone fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios privados’, afirmó en un comunicado la fiscal general adjunta del país, Sally Yates.

Sin embargo, esta decisión no aplica para los centros de detención de inmigrantes que están gestionados de manera privada, ya que estos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y no del Departamento de Justicia.

Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado duramente estos centros para inmigrantes, por considerar inapropiadas sus instalaciones para acoger a familias enteras y no ofrecer un mínimo de condiciones a los detenidos.

Según datos del centro de estudios Center for American Progress, solo el 11 % de las camas de los 250 centros de todo el país están operadas por el DHS o alguna de sus agencias.

Así, según sus datos, el 62 % de las plazas en los centros de detención de inmigrantes estaban bajo gestión con ánimo de lucro en 2015, al igual que muchas otras cárceles estatales o locales.

No obstante, Yates también indicó que esta decisión reducirá a menos de 14,000 presos los recluidos en cárceles privadas para el mes de mayo, las cuales principalmente se ubican en estados sureños, California y Texas.

Las tres principales empresas que gestionan las prisiones penitenciarias son Corrections Corp. of America, GEO Group Inc. and Management y Training Corp.

Según un informe revelado la semana pasada sobre las condiciones penitenciarias, las instalaciones privadas, por ejemplo, tenían tasas más altas de agresiones tanto entre internos, como entre reclusos y el personal empleado.

El informe enumera varios ejemplos de caos en instalaciones privadas, incluyendo una revuelta en mayo de 2012 en un centro de Misisipi en el que 20 personas resultaron heridas y murió un funcionario del correccional.

En ese incidente, según el texto, estuvieron involucrados 250 reclusos que estaban molestos por la comida de baja calidad y la atención médica.

‘El ‘quid’ de la cuestión es que las prisiones privadas no se comparan favorablemente con las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones en términos de seguridad o servicios, y ahora con la disminución de la población penitenciaria federal, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer algo al respecto’, dijo Yates en declaraciones al diario The Washington Post.

En los últimos años, numerosas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses han denunciado las precarias condiciones de este tipo de centros penitenciarios alegando que la búsqueda de beneficios económicos incurría en la atención deficitaria a los presos, causando numerosos altercados.

Aun así, los 13 centros de gestión privada que existen en Estados Unidos no se clausurarán de inmediato, si no que sus contratos irán venciendo a lo largo de los próximos cinco años.