Las políticas globales sobre drogas, destinadas a combatir el uso ilegal de estupefacientes, deberían ser reformadas porque son ‘nocivas’ para la salud pública y los derechos humanos, según un informe divulgado hoy por la revista ‘The Lancet’.

Un documento elaborado por expertos señala que la aplicación, durante 50 años, de normativas destinadas a restringir y criminalizar el consumo de sustancias prohibidas y la posesión de cantidades pequeñas ha tenido ‘efectos perjudiciales en la salud, el bienestar y los derechos humanos de los consumidores de droga’.

El informe, a cargo de una comisión de la revista británica y la prestigiosa universidad Johns Hopkins de EEUU, pide que se despenalicen las delitos considerados menores relacionados con las drogas.

La comisión proporciona en ese documento ejemplos de países como Portugal y la República Checa, que han despenalizado los delitos menores relacionados con los estupefacientes.

Esos países, señalan los expertos de la comisión, han experimentado ‘beneficios significativos en la salud pública, ahorros en los costes y un menor encarcelamiento, sin que haya habido un aumento significativo en el consumo de esas sustancias’.

Con la legalización del cannabis en Uruguay y en cuatro estados de EEUU (Washington, Colorado, Oregón y Alaska), la comisión ha instado a los gobiernos a que hagan planteamientos similares, a fin de encontrar formas apropiadas de evaluar su impacto.

Tras revisar casos globales, hallaron que la mayor tasa de infección entre los consumidores de drogas viene por el uso excesivo de los encarcelamientos y la exclusión sistemática de los drogadictos a tratamientos y sistemas de prevención de enfermedades como el VIH y la Hepatitis C, dentro y fuera de la cárcel.

El informe revela además que las leyes contra las drogas se han aplicado de manera ‘discriminatoria’ contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.

‘El objetivo de prohibir todo el uso, posesión, producción y tráfico de sustancias ilícitas es la base de muchas de nuestras legislaciones sobre drogas, pero estas políticas se basan en ideas sobre el uso de drogas y la dependencia que no tienen base científica’, indicó Crhis Beyrer, de la Johns Hopkins.

Según ese experto, la llamada ‘guerra contra las drogas’ global ‘ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo’.

‘Es hora de que repensemos nuestro enfoque a las políticas globales sobre drogas y pongamos la evidencia científica y la sanidad pública en el corazón de las discusiones sobre las políticas de drogas’, agregó.