El casi unánime silencio de los Gobiernos y los partidos oficialistas latinoamericanos ante la sentencia dictada al dirigente opositor venezolano Leopoldo López el pasado viernes empieza a romperse con peticiones para que se le garantice el debido proceso y el derecho a defenderse y apelar.

La Cancillería de Paraguay dijo hoy que espera un ‘pleno apego al debido proceso y efectivo respeto de los derechos’ en el caso del dirigente del partido Voluntad Popular, condenado el pasado viernes a casi 14 años de cárcel por presuntamente instigar a la violencia en una protesta antigubernamental en 2014.

‘Paraguay siempre ha defendido de una manera intransigente la plena vigencia del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, pero no por ello ha sido menos categórico en la protección de los derechos fundamentales del hombre, como son sus derechos civiles y políticos’, expresó el Gobierno paraguayo.

En similares términos se pronunció el pasado fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al que respondió hoy con un duro comunicado su par de Venezuela.

La Cancillería venezolana destacó que ‘resulta necesario recordarle’ a Chile que ‘la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional’.

En su reacción, las autoridades diplomáticas venezolanas le piden a Chile que ‘evite inmiscuirse’ ya sea ‘por acción directa o por influencia de potencias externas’ que no identifica.

Incluso repasa algunos de los ‘graves asuntos’ que, a juicio de las autoridades venezolanas’, Chile tiene que resolver, entre los que menciona las denuncias de ‘violación sistemática de los derechos humanos del pueblo mapuche’ y la ‘impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura’ de Augusto Pinochet.

La Cancillería chilena había señalado el sábado que ha seguido ‘con atención’ el proceso contra López y que espera que ‘se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar una sentencia de primera instancia’.

Después de que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, único gobernante que lo ha hecho por ahora, criticara abiertamente la sentencia dictada al dirigente opositor venezolano, la Cancillería costarricense indicó hoy que ve ‘con preocupación el enjuiciamiento de Leopoldo López y cuatro dirigentes estudiantiles’.

‘Esperamos que estén incuestionablemente disponibles, todas las garantías judiciales del debido proceso, la justicia, la seguridad jurídica y la eficacia de las instancias correspondientes, que debe proveer un Poder Judicial independiente en un estado democrático de derecho, para que las personas puedan apelar la sentencia, si así lo consideran necesario’, señala la nota oficial costarricense.

El Gobierno de Uruguay, a cargo de la presidencia rotatoria de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), no se ha pronunciado sobre el juicio a López, pero hoy por primera vez lo han hecho dos senadores miembros de la coalición gobernante, el Frente Amplio.

‘Venezuela está en una situación delicada, pero no se arregla esto violando los derechos humanos, quitando derechos a los opositores y, de alguna forma, enturbiando el sistema electoral’, dijo el senador Rafael Michelini a una radio local.

Integrante del sector Nuevo Espacio del FA, Michelini definió a López como un ‘preso político’ al cual el Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo, quiere alejar de las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en Venezuela.

La senadora Daniela Payssé, del sector Asamblea Uruguay del FA, opinó que la condena al opositor venezolano es ‘desproporcionada’ y emplazó a los organismos internacionales a que ‘ayuden a revertir una situación compleja que hay en Venezuela’.

Además, señaló que ‘Venezuela está preocupando a toda América Latina’ así como a los organismos internacionales y regionales.

El Gobierno de Perú dijo el pasado fin de semana que está preocupado por la situación de polarización interna que afecta a Venezuela, tras la condena dictada contra el líder opositor Leopoldo López, según un comunicado emitido por la Cancillería.

El Gobierno del presidente Ollanta Humala hizo también un llamamiento para ‘que prime el diálogo, exhortando a las diferentes fuerzas políticas a mantener la paz y la tranquilidad en los actuales momentos’.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al frente de la cual se encuentra el excanciller uruguayo Luis Almagro, pidió el viernes que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano Leopoldo López.

‘Igualmente, la Secretaría General de la OEA espera que la siguiente etapa procesal de apelación, para la cual se cuenta con 10 días, se lleve a cabo cumpliendo las reglas del debido proceso y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos’, añadió.

La sentencia a López fue condenada por los Gobiernos de EE.UU. y España, por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional y políticos opositores de toda América Latina.