El Legislativo chino ha aprobado una enmienda a la ley Criminal por la que se elimina la pena de muerte para nueve crímenes, entre ellos el contrabando de armas o dinero falso, el proxenetismo y la trata de personas con propósitos de explotación sexual, según publica hoy el diario oficial China Daily.

La enmienda fue aprobada por la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional Popular china (ANP, legislativo) este fin de semana, tras varios días de celebración de su reunión bimensual, y entrará en vigor el próximo 1 de noviembre.

Tampoco podrán ser castigados con la pena de muerte la recaudación fraudulenta de fondos; obstruir a personal militar de que realice sus funciones; divulgar rumores para engañar a otros en tiempos de guerra, el contrabando de munición y el de materiales nucleares.

Una vez que la normativa entre en vigor, el número de crímenes sujetos a la pena capital en China, el país con más ejecuciones del mundo, se habrá fijado en 46.

Se trata de la segunda vez que el país asiático reduce el número de crímenes con sentencia de muerte desde que la Ley Criminal entró en vigor en 1979.

‘La revisión refleja los cambios de vista de la sociedad y de la comunidad legal’, dijo Lang Sheng, vicepresidente de la Comisión Legal de la Comisión Permanente de la ANP, quien añadió que la decisión de abolir la pena de muerte en esos nueve delitos se hizo ‘tras una exhaustiva investigación’.

‘Tras muchas deliberaciones, descubrimos que la pena de muerte apenas se aplicaba en esos casos’, subrayó Lang.

La sesión de la ANP aprobó el sábado otra enmienda para que los responsables de grandes casos de corrupción que sean condenados a pena de muerte conmutada por dos años cumplan cadena perpetua de forma automática y no acaben beneficiándose de penas de prisión menores.

Además, los legisladores chinos también han modificado en esta sesión la ley Criminal para que las relaciones sexuales con menores de 14 años se consideren siempre violación, sean o no consentidas.

La organización Amnistía Internacional divulgó un comunicado en el que, si bien considera positivos algunos cambios, como la reducción de la pena capital, advierte de las mayores restricciones en las normativas chinas con respecto a la libertad de expresión y a la de los abogados a ejercer su trabajo.

A pesar de que China registró descensos anuales de ejecuciones, hasta rondar unos 3,000 en 2012, según la fundación Dui Hua, con sede en San Francisco y en Hong Kong, se cree que han vuelto a aumentar por casos relacionados con el terrorismo en la región de Xinjiang (noroeste) y la campaña anticorrupción.

China no publica el número de ejecuciones que realiza por año y tanto la Justicia como las autoridades de prisiones guardan un estricto secretismo que impide obtener los datos reales.