Brasil investigó si agentes del servicio secreto frances tuvieron alguna participación en el accidente que destruyó en 2003 la base de lanzamiento de satelites del país en la Amazonía y que causó 21 muertos, según documentos secretos de los que informa hoy el diario Folha de Sao Paulo.

Un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), al que el diario paulista dice haber tenido acceso, indica que el organismo comenzó a investigar en 2002 ‘una red de espionaje francesa’ en el país ante la sospecha de que estuviese espiando las actividades del país en el Centro de Lanzamientos de Alcántara.

El seguimiento a los espías franceses se incrementó tras la explosión que destruyó la base de Alcántara, en agosto de 2003 y que fue provocada oficialmente por un problema eléctrico, ante la sospecha de la ABIN de que los franceses pudiesen haber promovido un acto de sabotaje, según la versión periodística.

El documento asegura que los agentes franceses fueron vigilados y sus contactos y posibles colaboradores identificados, pero que no fueron descubiertos indicios de un posible sabotaje.

La basa aeroespacial de Alcántara tiene una localización privilegiada y estratégica para los lanzamientos espaciales por su proximidad con la línea del Ecuador y su ubicación entre el océano Atlántico y la selva amazónica.

Tal razón la convierte en la principal competidora del Centro Espacial de Kouru, la base de lanzamientos que Francia opera en la Guayana Francesa.

El mismo diario divulgó este lunes unos documentos secretos de la ABIN en los que se detalla que Brasil espió las actividades de diplomáticos de Rusia, Irán e Irak tanto en sus embajadas como en sus propias residencias.

Otro documento citado por Folha revela que la misma agencia vigiló un piso comercial alquilado por la embajada de los Estados Unidos en Brasilia y en el que no había ninguna actividad, por sospechar de que fuese base de equipos electrónicos capaces de interceptar comunicaciones.

Todos los documentos se refieren a actividades de contraespionaje realizadas hace cerca de una década, en el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero se conocen en momentos en que Brasil lidera una campaña contra el espionaje electrónico de Estados Unidos.

Los gobiernos de Brasil y Alemania propusieron la semana pasada ante la ONU un proyecto de resolución destinado a establecer límites para el espionaje electrónico y garantizar la privacidad de los usuarios de internet.

La iniciativa siguió a la revelación de que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de la presidenta Dilma Rousseff, de varios de sus ministros y de estratégicas empresas brasileñas, como la petrolera estatal Petrobras.

La Presidencia brasileña admitió en un comunicado que realizó algunas operaciones de contraespionaje en la época a la que se refieren los documentos divulgados por la Folha de Sao Paulo pero alegó que esas actividades son ‘legales’ y responden a necesidades de ‘seguridad nacional’.

Esas operaciones, según la nota, están previstas en la legislación y persiguen ‘la defensa del estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto a los principios constitucionales y a los derechos y garantías individuales’.