La OEA recomienda despenalizar el consumo de estupefacientes en las Americas en un esperado informe sobre el problema de las drogas, que analiza además que ocurriría si algunos países optan por legalizar la marihuana, o si abandonan ‘unilateralmente’ la lucha contra el narcotráfico en su territorio.

El estudio fue encargado a la Organización de Estados Americanos (OEA) por los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado hoy en Bogotá por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, que lo presentará el lunes.

‘La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública’, señala el informe, que recomienda avanzar hasta ese modelo mediante métodos transicionales, como los tribunales de drogas, ‘la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación’.

Los tribunales de drogas, que existen en EEUU y comienzan a implantarse en México y Chile, promueven la sustitución de las penas de cárcel por un tratamiento controlado para el adicto.

‘Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque (de salud pública) y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad’, agrega el análisis que encabeza el informe, escrito por el propio Insulza.

Ese apartado pide ‘mayor flexibilidad’ por parte de los Gobiernos, que podrían ‘aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o impulsar cambios en la legislación internacional’, como los tratados de la ONU.

El estudio, que en total consta de unas 400 páginas y ha sido elaborado con la colaboración de todos los países del continente, apunta además al ‘necesario y urgente fortalecimiento del conjunto de las instituciones y de la presencia del Estado’ para afrontar la violencia y la inseguridad que generan los grupos criminales.

En una segunda parte, el estudio delinea una serie de escenarios y opciones para la estrategia antidrogas desde ahora hasta 2025, dependiendo de las políticas que tomen los Gobiernos de la región.

Una de ellas analiza qué ocurrirá si se concluye que el sistema actual ‘está causando demasiado daño’ y ‘se decide probar regímenes legales alternativos, iniciando con el cannabis’.

Ese enfoque enfrentaría retos en cuanto a ‘la transición de mercados criminales hacia mercados regulados’, que podría aumentar el ‘uso problemático’ de las drogas, la necesidad de ‘lidiar con los nuevos mercados criminales’ y las ‘nuevas tensiones’ que se generaría entre los Gobiernos, pronostica el documento.

Otro escenario posible es el de ‘ruptura’, que implica que los países donde se producen las drogas y por los que transitan, cansados de pagar ‘costos sociales insoportables e injustos’, ‘abandonan unilateralmente la lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas en su territorio’.

Esa estrategia ‘permitiría la expansión de los mercados y ganancias de las drogas’ y ‘desataría ‘conflictos por violaciones a los tratados internacionales’, alerta el documento.

Un tercer escenario se enfoca en el ‘fortalecimiento de las comunidades y la mejora de la seguridad y la salud públicas’, y otro estudia qué pasará si los Gobiernos siguen centrándose en fortalecer las instituciones estatales, lo que presenta inconvenientes como ‘una cooperación internacional dispersa y vacilante’.