El objetivo de la propuesta ley es transformar la manera en que el Gobierno atiende esta condición de salud mental que afecta a miles de veteranas y veteranos en la Isla.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha presentado un proyecto de ley que establece la política pública del gobierno en torno al estés postraumático en la población veterana.

La medida, el Proyecto del Senado 996, nace del trabajo del Comité Asesor de Asuntos del Veterano del Senado.

Según se indicó en un comunicado de prensa, el objetivo de la propuesta ley es transformar la manera en que el Gobierno atiende esta condición de salud mental que afecta a miles de veteranas y veteranos en la Isla.

El proyecto reconoce el Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD por sus siglas en inglés), como un asunto prioritario de salud pública, justicia social y responsabilidad moral hacia quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y establece un marco de acción que abarca educación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento clínico especializado, apoyo familiar, reinserción laboral y acceso a vivienda.

“Puerto Rico tiene una deuda moral con sus veteranas y veteranos. El PTSD no puede seguir tratándose como un problema invisible o individual. Esta legislación propone una respuesta estructurada, compasiva y basada en evidencia para atender las heridas invisibles de la guerra y honrar el sacrificio de quienes sirvieron a la Nación”, expresó Rivera Schatz.

Según datos del VA Caribbean Healthcare System, aproximadamente un 18% de los veteranos atendidos en Puerto Rico reciben servicios relacionados con PTSD, cifra que podría ser mayor al considerar los casos no diagnosticados. A nivel nacional, estudios estiman que entre un 11% y 20% de los veteranos de Irak y Afganistán desarrollan síntomas de esta condición, lo que confirma su magnitud y su impacto en las familias y comunidades.

La medida crea el Programa de Coordinación de PTSD en la Población Veterana de Puerto Rico, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en coordinación con el Comité Asesor de Asuntos del Veterano del Senado, el VA Caribbean Healthcare System y diversas agencias estatales y federales. Este programa será responsable de coordinar servicios clínicos y psicosociales, campañas de educación pública, capacitación de profesionales de la salud y personal de primera respuesta, así como iniciativas de reinserción laboral y vivienda.

Asimismo, la legislación dispone la creación de un Registro Estatal voluntario y confidencial de veteranas y veteranos con PTSD, con el fin de mejorar la planificación de servicios, la asignación de recursos y la evaluación de políticas públicas, garantizando estrictas salvaguardas de confidencialidad y derechos.

La propuesta también surge a raíz de experiencias dolorosas que han evidenciado la falta de protocolos adecuados para atender crisis de salud mental, incluyendo el fallecimiento del veterano Daniel Maldonado Díaz en mayo de 2025. Este caso subraya la urgencia de adiestrar al personal de primera respuesta y de establecer mecanismos especializados de intervención.

La medida autoriza una asignación inicial de $1 millón para la implementación del Programa y establece requisitos de rendición de cuentas, informes anuales y evaluaciones periódicas para medir su efectividad.