NotiCel repasa algunos proyectos de ley que no lograron aprobarse en la recién sesión legislativa.

La Asamblea Legislativa ya culminó el periodo de aprobación de medidas legislativas y, a pesar de que fueron cientos los proyectos de ley aprobados, quedaron sobre el escritorio de ambos cuerpos legislativos algunos proyectos que fueron eje de controversia por los pasados meses. 

El Senado y la Cámara de Representantes recesaron las sesiones ordinarias hasta el mes de enero. Sin embargo, eso no exime que la gobernadora, Jenniffer González Colón, tiene total potestad para convocar una sesión extraordinaria en el periodo de receso para atender ciertos temas de su interés. 

Por ejemplo, la famosa reforma contributiva, que podría ser una de las razones para que se convoque una sesión extraordinaria, aunque muchos legisladores ya han expresado que atender el tema de la reforma contributiva conllevaría meses de análisis. 

En otras palabras, muchos no ven viable, como ejemplo el senador Ángel Toledo, la aprobación de una reforma contributiva en tiempo récord. 

Otro proyecto de ley que se quedó en el tintero fue el Proyecto del Senado 272, que regula el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero de dominio público en esa zona costera del municipio de Lajas.

Este proyecto de ley, que también llegó bajo la encomienda administrativa de la gobernadora Jenniffer González Colón, busca requerir un canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que se estén ocupando a partir de la vigencia de esta ley. 

Todos los cánones estarían sujetos por el uso de la superficie por un término de 40 años y con la apertura de una renovación al culminar el periodo de años establecidos. 

Además, los cánones permitidos a cobrar estarían entre el 5% y un 10% mayor a los establecidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles en Ia Isla. La agencia deberá usar por lo menos el 50% de los ingresos que se obtengan del cobro de cánones en el mantenimiento y desarrollo de La Parguera y la zona costera del suroeste de Puerto Rico.

El proyecto establece que si la ocupación de los muelles y estructuras no cumplen con el control y prevención de contaminación, el DRNA podría prohibir el uso de la estructura y requerir la remoción del litoral costero. En cambio, se prohibirían nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura, entre otras disposiciones. 

A este proyecto solo se le celebró una vista pública bajo la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Otra medida legislativa que aguarda por su aprobación es el Proyecto de la Cámara 114, que disponía una reorganización en el Departamento de la Familia para disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la Familia, se habiliten áreas de encuentro familiar. 

Funcionaría en horario extendido, los siete días a la semana y lo que busca es que se fortalezcan los lazos familiares entre las personas no custodias y sus hijos en un espacio seguro para realizar visitas supervisadas, así como un lugar neutral para la entrega y recogido de menores. 

El P de la C 114 es de la autoría de la representante Wanda del Valle y quedó pendiente para un asunto posterior el pasado 13 de noviembre en el hemiciclo del Senado. 

La controversial medida legislativa que propone trasladar la conservación y custodia del patrimonio cultural de Puerto Rico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), también quedó sobre los escritorios legislativos. 

El Proyecto del Senado 273, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, pretende cerrar el Instituto de Cultura Puertorriqueña y transferir sus funciones a una agencia dedicada al desarrollo económico.

En la exposición de motivos, Rivera Schatz detalló que con el pasar de los años la estructura del ICP «se ha vuelto obsoleta e incapaz de responder a las necesidades contemporáneas del sector cultural y del desarrollo económico» y que la «falta de modernización» y la «creciente burocracia» han provocado «redundancias y obstáculos que han limitado su impacto y su relevancia frente a las prioridades actuales de Puerto Rico».

La medida legislativa no se evalúa desde el 14 de mayo que se celebró una vista pública bajo la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales.