La Resolución de la Cámara 327 busca realizar una investigación sobre los mecanismos de transición dirigidos a jóvenes egresados de programas institucionales o residenciales.

Reducir la criminalidad en Puerto Rico sigue siendo uno de los mayores retos sociales, especialmente en lo que respecta a los menores que egresan de programas de rehabilitación tras cometer una falta. Ante esta problemática, la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación con el objetivo de diseñar mecanismos efectivos para la reintegración de estos jóvenes a la sociedad.

El representante Ensol Rodríguez Torres, presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud, señaló que “queremos saber qué acciones está tomando el Estado para evitar la reincidencia”. Además, destacó que los jóvenes tienen derecho a la rehabilitación, mientras que el Estado debe guiarlos hacia una conducta social positiva.

Actualmente, Puerto Rico cuenta con dos instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), ubicadas en Villalba y Ponce, que albergan a 73 jóvenes entre 13 y 21 años. La institución de Villalba acoge a 44 varones bajo custodia juvenil, mientras que la de Ponce cuenta con una población mixta de 29 jóvenes. Ambas se rigen por una filosofía de tratamiento que busca modificar la conducta delictiva mediante buen trato, estructura y disciplina.

El debate impulsado por la Resolución de la Cámara 327 (R. de C. 327) evidenció la necesidad de revisar el marco legal y una mayor colaboración entre el DCR, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia en busca de estrategias para fortalecer la política pública dirigida a la juventud. 

Rosa Vélez Vargas, supervisora de rehabilitación y tratamiento de las Instituciones Juveniles del DCR, puso sobre la mesa las limitaciones de la Ley 88-1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, como uno de los principales obstáculos que enfrenta el sistema. Según la ley, una vez los jóvenes salen de estas instituciones, el DCR pierde jurisdicción, lo cual impide un seguimiento adecuado.

“Cuando los jóvenes ingresan a nuestras instituciones, los trabajadores sociales de los centros de servicios multifamiliares, en coordinación con los institucionales, trabajan en un plan de egreso proyectado, que se elaboran en conjunto con un familiar custodio. Esto puede incluir estudios, empleo o labores comunitarias. Si terminan antes, se le ofrecen las herramientas necesarias para que puedan seguir ejerciendo su rol en la sociedad, incluyendo talleres, terapias individuales o grupales, entre otros. Pero es crucial que los familiares, una vez no tienen la presión legal, puedan seguir brindando su apoyo.

Por su parte, Manuel Vázquez Torres, procurador de menores, confirmó que “una vez el menor cumple la medida impuesta por el tribunal, no se pueden emplear recursos de justicia juvenil por falta de jurisdicción”.

A pesar de las restricciones legales, las agencias han impulsado iniciativas para facilitar la reintegración de los jóvenes, ayudándolos a alcanzar metas personales e incluso participar en voluntariado.

Gineima Ojeda Richardson, gerente regional de Instituciones Juveniles, mencionó que algunos jóvenes cursan estudios universitarios en línea gracias a alianzas con instituciones postsecundarias. Asimismo, la agencia colabora con proyectos como Guara Bi (Caribana), que proporcionan seguimiento personalizado tres meses antes de la salida del joven, organizando talleres, trámites de documentación y asistencia para encontrar trabajo.

Vélez también resaltó la importancia del «apoyo familiar y un entorno favorable»; si el menor carece de respaldo, el Departamento de la Familia asume su tutela y lo ubica en hogares sustitutos o programas de vida independiente.

Aunque el DCR reporta que solo seis jóvenes de entre 16 y 17 años reingresaron en 2024, la reincidencia sigue siendo un tema de inquietud para las autoridades.

En respuesta a preguntas del representante Joe Colón Rodríguez sobre cómo mejorar la efectividad de la R. de C. 327, las agencias recomendaron enmendar la Ley 88 para ampliar el periodo de seguimiento legal y mantener la jurisdicción sobre los jóvenes. Esto les permitiría acceso continuo a recursos y acompañamiento, ayudando a prevenir futuros delitos durante su reinserción a la comunidad.

 Al culminar la jornada de discusión, el representante Rodríguez Torres emplazó a ambas agencias para que, “si al completar la investigación, detectara deficiencias en la protección o rehabilitación de los jóvenes egresados, ambas instituciones se comprometan a analizar y proponer enmiendas legislativas que permitan acuerdos colaborativos y mejoras sustanciales en el proceso de reinserción”, concluyó.