Los proyectos buscan reforzar la infraestructura esencial del país, impulsar la transición energética y mejorar la calidad de los servicios públicos.

En medio de disputas y reclamos ante la constante falta de servicios esenciales, el Senado dio luz verde a una serie de proyectos legislativos que buscan reforzar la infraestructura esencial del país, impulsar la transición energética y mejorar la calidad de los servicios públicos.

El Proyecto del Senado 684 (P. de S. 684), presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, incorpora al sector de alimentos en la clasificación de servicios críticos y esenciales durante estados de emergencia, según la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” y la “Ley de Transformación y Alivio Energético”. 

La iniciativa permitirá que supermercados, panaderías y centros de acopio accedan a planes prioritarios de energía y programas de resiliencia eléctrica, ante apagones o desastres naturales.

En esta misma línea, se atendió P. de S. 214, de la senadora Nitza Moran Trinidad, que propone la expansión de la infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos. El proyecto permitirá que los negocios dedicados a la construcción y operación de puntos de recarga sean elegibles para incentivos fiscales, promoviendo la competencia y el crecimiento de la industria de movilidad sostenible en la isla.

De otro lado, tomando en cuenta la necesidad de monitoreo de calidad de los servicios ofrecidos en entidades gubernamentales se aprobó el Proyecto 198, que modifica la Ley 33-2008 para incluir a los municipios.

La iniciativa de la autoría del senador Ángel Toledo López, promueve la instalación de buzones y mecanismos digitales para que los ciudadanos evalúen la atención recibida, fomentando así la transparencia y la retroalimentación entre el gobierno y la población.

Otros proyectos aprobados fueron el P. de S. 218 y e P. de S 461.

El 218 establece que la venta en subasta pública de vehículos, embarcaciones o equipos pesados del Gobierno estará sujeta a arbitrios, excepto si estos bienes tienen más de 10 años de adquiridos. 

Mientras que el 461, de la senadora Brenda Pérez Soto, crea la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía”. El programa, adscrito al Departamento de Educación, está dirigido a jóvenes adultos de 21 a 25 años que culminan el programa de educación especial, facilitando su acceso a servicios y oportunidades para alcanzar una vida independiente y productiva.