La Asociación y Federación de Alcaldes respaldan el Proyecto de la Cámara 591, pero piden ajustes al texto para viabilizar su ejecución.

El Proyecto de la Cámara 591, radicado por el representante Román López, busca eximir a los municipios del pago de deudas contributivas que mantienen propiedades abandonadas o declaradas estorbo público registradas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), con el fin de facilitar su adquisición, rehabilitación y puesta en uso.

La medida fue evaluada durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.

La propuesta legislativa enmienda el Artículo 7.071 del Código Municipal de Puerto Rico para permitir que, en casos donde las deudas contributivas, intereses o penalidades superen el 75% del valor del inmueble, el CRIM pueda negociar una reducción o exoneración “a una cantidad que proteja los intereses del Gobierno, pero que viabilice el interés público y el desarrollo municipal”. La meta, según su exposición de motivos, es aliviar a los ayuntamientos del peso económico que supone recuperar propiedades en abandono, muchas de ellas convertidas en focos de plagas, riesgos estructurales o delitos.

Reclaman exoneración

La Asociación de Alcaldes, presidida por Jorge L. González Otero, apoyó la intención del proyecto, pero propuso cambios sustanciales al texto.

En su ponencia, la directora ejecutiva Verónica Rodríguez Irizarry sostuvo que el lenguaje actual limita el beneficio al requerir negociación y establecer porcentajes, cuando debería concederse una exoneración total de las deudas contributivas a los municipios que adquieran propiedades bajo cualquier forma, no solo por expropiación forzosa.

“Entendemos que el texto propuesto debe ser que el CRIM conceda la exoneración total a los municipios excluyendo la facultad de negociación y los porcientos, no como se propone”, señaló Rodríguez Irizarry, al destacar que la medida es necesaria para restaurar las finanzas municipales y facilitar la rehabilitación de comunidades deterioradas.

Federación de Alcaldes respalda el proyecto

Por su parte, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, representada por su director ejecutivo Ángel Morales Vázquez, expresó un respaldo pleno a la medida, calificándola como una herramienta de equidad fiscal y eficiencia administrativa.

Morales subrayó que muchos municipios enfrentan enormes costos al adquirir propiedades con deudas que, en ocasiones, superan el valor del inmueble.

“El requisito actual de pagar al CRIM las deudas contributivas antes de adquirir o rehabilitar un inmueble impone una carga económica injustificada. Eximir a los municipios de esa deuda no es un privilegio, sino una medida de justicia fiscal que agiliza la recuperación de espacios abandonados y fortalece la gestión municipal como motor del desarrollo económico y comunitario”, indicó Morales.

CRIM endosa la medida

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), representado por el director ejecutivo interino Javier J. García Cintrón, también endosó el Proyecto de la Cámara 591.

En su memorial explicativo, García Cintrón sostuvo que la propuesta se alinea con la política pública aprobada por la Junta de Gobierno del CRIM en 2023, que busca restar del valor de tasación las deudas contributivas sobre propiedades adquiridas por los municipios.

“El proyecto está enmarcado en la política pública establecida para calcular la justa compensación sin aludir a la doctrina de confusión de derechos, ya que al adquirir la propiedad, el municipio se convierte simultáneamente en acreedor y deudor”, explicó García Cintrón, al destacar que el CRIM ve con buenos ojos la medida como parte de un esfuerzo por agilizar la recuperación de espacios en desuso.

La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, continuará evaluando la medida antes de emitir un informe final.