La Comisión de Salud del Senado busca alternativas para atender las condiciones laborales de los profesionales de la salud.
Los salarios de enfermeros del sector público fluctúan entre $19,800 a $36,800 anuales. (Archivo / NotiCel)
La sobrecarga de trabajo que supone la insuficiencia de personal es un reto constante para los enfermeros en Puerto Rico. Por ello, el Senado retomó la evaluación del Proyecto del Senado 687.
Esta iniciativa pretende crear un marco legal para establecer un patrón de personal para reducir la carga laboral de los profesionales de enfermería y garantizar condiciones de trabajo apropiada para los trabajadores de la salud. La medida, además de regular la cantidad de enfermeros por áreas en los hospitales, procura ofrecer condiciones seguras y óptimas para mejorar la atención y recuperación de pacientes.
“Son enfermeras, no son máquinas”, expresó durante la vista el senador Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud del Senado, reiterando la urgencia de atender las condiciones laborales de estos profesionales.
“Tan reciente como la semana pasada, una enfermera que salió de su turno, con una carga de trabajo de aproximadamente 17 pacientes asignados, el cansancio la venció y tuvo un accidente”, narró Morales, autor de la medida.
En este contexto, el funcionario cuestionó el rol del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para atender las condiciones de trabajo en las instituciones hospitalarias.
Reynaldo Santiago González, representante del DTRH, aclaró que la agencia no evalúa la estructura interna del negocio de la salud, sino que atiende reclamaciones salariales y vela por la seguridad física de los empleados. Sin embargo, el Negociado de Normas del Trabajo ha recibido y atendido reclamaciones por conceptos de horas extras y salarios.
A pesar de coincidir con la intención legislativa, el DTRH manifestó su oposición a la medida, sugiriendo en su lugar una investigación exhaustiva de las condiciones laborales y la falta de personal en los sectores público y privado. Según la agencia, una investigación profunda permitiría abordar mediante legislación todos los aspectos necesarios para hacer justicia a los enfermeros.
Asimismo, el DTRH recomendó que el proyecto incluya una definición de jornada laboral acorde a la Ley 379 de 15 de mayo de 1948, que establece la jornada del trabajo en Puerto Rico y con la Ley Razonable de Normas del Trabajo, también conocida como Fair Labor Standards Act (FLSA).
También sugirió revisar la sección siete del proyecto por “no armonizar con la legislación estatal ni federal vigente, así como la jurisprudencia interpretativa de la misma”.
Dicha sección de la medida establece una jornada laboral 40 horas semanales para la atención directa de pacientes a su cargo, las cuales deberán distribuirse en periodos de no más de 12 horas diarias y no más de cinco días de trabajo.
“De otro modo, el personal cualificaría como personal exento. Es importante que evaluemos la legislación laboral vigente en el sector privado relacionado con la jornada de trabajo y pago de horas extras a empleados exentos y no exentos”, exhortó Santiago.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) también se opuso a la medida.
“Por ningún concepto, un empleado público podrá devengar el doble del salario por el pago de horas extras conforme a la Ley 26-2017 y la Ley 8-2017, que regulan las condiciones fiscales del gobierno”, argumentó Marcos Andrade Revelo, abogado de la OATRH.
Conforme a lo establecido en estas leyes, los salarios promedio de los enfermeros del sector público fluctúan entre $19,800 a $36,800 anuales -dependiendo del puesto-, desde Enfermero Práctico Licenciado 1, hasta los directores de programas de enfermería.
Tras la audiencia, el senador Morales lamentó la ausencia del Departamento de Justicia y señaló que la comisión continuará los esfuerzos de investigación para “hacer justicia” a los profesionales de enfermería.
Previamente, el proyecto fue discutido entre el Colegio de Profesionales de Enfermería, la Asociación de Hospitales y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y respaldado por las entidades.
“Agradecemos este intento genuino de identificar e implementar soluciones funcionales y efectivas ante uno de los mayores retos que enfrentan los profesionales de la enfermería”, manifestó Maricel Delgado Ramos, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, entidad que -grupa a más de 39,000 enfermeros entre las categorías de Grados Asociado, Bachillerato, Maestría, Práctica Avanzada y doctorado-.
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