Actualmente, una ley permite contratar mano de obra local e importada para los meses pico de  la temporada de cosecha de café.

Ante la creciente necesidad de mano de obra en la industria agrícola local, el Departamento de Agricultura (DAPR) y la Cámara de Representantes evalúan una propuesta que tiene como fin enmendar y ampliar la Ley 38-2011, conocida como “Ley de Manos Pa’l Campo” para que aplique a otras faenas agrícolas que se realicen en Puerto Rico, más allá de la recolección de café. 

Actualmente, esta ley permite contratar mano de obra local e importada para los meses pico de  la temporada de cosecha de café.

“Lo que estamos buscando es ayudar al agricultor de la Isla, no solo para el recogido de café, también para la crianza de animales para producción de carne y hasta para la siembra en huertos e hidropónicos”, señaló el representante Joe Colón, presidente de la Comisión de Agricultura que convocó la vista pública para evaluar el proyecto de la autoría del senador Ángel Toledo López.

“Estos programas deben existir siempre. Estoy a favor 100%. Es cuestión de seguir modificando las ayudas a beneficio de nuestros agricultores”, apuntó Colón.

Según datos del DAPR, entre el 2020 y 2024, la Ley Manos Pa’l Campo permitió contratar 1,386 trabajadores extranjeros para evitar la pérdida de cosechas e ingresos a los agricultores locales.

La iniciativa comenzó autorizando la entrada de 20 trabajadores en el 2020 y aumentó a 83 en 2021, y  entre 2022 y 2024, el número de trabajadores incrementó de 284 a 561. 

“Los trabajadores extranjeros han ayudado grandemente a patronos que sin esta ayuda verían pérdidas en sus cosechas, así como pérdidas en sus ingresos. Esto se ha podido realizar gracias al Programa de Agricultura Temporal H-2A el cual ha permitido a los patronos -que anticipan una falta de trabajadores domésticos- traer trabajadores extranjeros para realizar trabajos agrícolas temporales”, explicó el agrónomo  Irving Rodríguez, subsecretario de DAPR.

Sin embargo, Rodríguez señaló que existen desafíos, principalmente sobre lo “técnico” que puede representar el traslado del trabajador a la isla. 

Por un lado, toda regulación debe venir por parte del Departamento de Vivienda Federal. La misma normativa exige que el agricultor demuestre que hizo múltiples gestiones de reclutamiento -como publicar anuncios de empleo o acudir al Departamento del Trabajo- para probar que no hubo candidatos para trabajar, antes de contratar personal extranjero.

Otra limitación respecto a las visas H-2A es que solo aplican para trabajos por temporadas.

“Es un gran problema porque tenemos agricultores locales que tienen tareas todo el año y los trabajadores extranjeros solo los puedes traer para una época. Los programas federales están diseñados para proyectos de grandes extensiones de terreno cuyos trabajos son de temporada. Muy diferente a lo que tenemos aquí, donde la mayoría de los agricultores tienen rotación e intercalan cultivo. Porque sabemos que hay agricultores”, agregó Rodríguez.

Como estrategia adicional para suplir la mano de obra local, la medida busca reforzar la importancia de la Ley 166-2009, conocida como “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas”.

Sobre este particular, a pesar de reconocer la pertinencia del proyecto, el DAPR sugirió enmendar antes de avalar.

“La utilización de confinados para la realización de diversas tareas, incluyendo actividades agrícolas, podría resultar en un alivio significativo a la necesidad de mano de obra en nuestra isla. Esta necesidad se ve cada día más acentuada a raíz de la merma poblacional y la disminución de trabajadores diestros en diferentes oficios. Más importante aún, resulta la oportunidad que se brinda a los confinados de rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad”, señaló el Rodríguez. 

La agencia recomendó auscultar con el Departamento de Corrección y Rehabilitación la disponibilidad de confinados que pueden insertarse en las distintas tareas agrícolas alrededor de la Isla. Entre los aspectos a considerar están los recursos económicos, administrativos y de recursos humanos para el adiestramiento en tareas, la transportación y la seguridad de los confinados. 

Finalmente, el DAPR enfatizó que, no importa que el origen de la mano de obra sean privados, confinados o del extranjero, los patronos deben tener la libertad de escoger a quien contratar, bajo los términos y condiciones que le sean más convenientes.

“Estas dos iniciativas no son mutuamente excluyentes.  Creo que se complementan. Lo que hay que aclarar el impacto de una sobre la otra”, concluyó Rodríguez.