Carlos Acevedo testifica ante representantes.

El Gobierno de Puerto Rico, bajo Wanda Vázquez Garced, cuenta con al menos dos planes para atender emergencias, pero no siguió ninguno a la hora de responder a los terremotos que han estremecido a los municipios del sur, a toda vez que uno de esos documentos designa al almacen hallado en Ponce –repleto de suministros sin entregar– como un almacen «secundario».

Estas revelaciones formaron parte del testimonio del excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo Caballero, ante la Cámara de Representantes, de acuerdo a los participantes de la vista ejecutiva.

Acevedo Caballero acudió a la citación de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total ante una Emergencia con su abogada, la licenciada Mayra López Mulero, quien ofreció declaraciones a la prensa y fue quien solicitó que el encuentro se diera en forma de vista ejecutiva, o sea, cerrada al público. El exfuncionario había hecho declaraciones sobre esto tambien a NotiCel tras su destitución.

Basado en el recuento de Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión Especial, el gobierno tiene un Plan Conjunto Operacional para Incidentes Catastróficos, o «JOCIP» en ingles, que es el plan estatal para atender una emergencia y que fue elaborado junto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles), y el Plan de Distribución y Suministro de Donativos, cuya última versión data de septiembre de 2019.

«Se salieron de lo que es el plan operacional del gobierno, que establece que quien va a dirigir la emergencia es el Comisionado de Manejo de Emergencia. A Carlos Acevedo lo desplazaron para atender alcaldes. El que estaba dirigiendo la emergencia es el nominado secretario de Estado, Elmer Román. Ahí es que vemos el disloque, provocado por una decisión gerencial, administrativa, porque eso le toca a Román y a la Gobernadora», señaló Rodríguez Aguiló.

De acuerdo al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Acevedo Caballero fue destacado en Ponce, mientras que Román González, secretario interino del Departamento de Estado, manejaba la emergencia desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en Caguas, contrario a lo que establecen los planes.

Según los documentos, era el Comisionado de Nmead el encargado de dirigir los esfuerzos para responder a la emergencia. Es por esto, señaló Rodríguez Aguiló, que el gobierno perdió visibilidad de los suministros.

El Plan de Distribución y Suministro de Donativos, mostró Rodríguez Aguiló, señala que el almacen hallado en Ponce funcionaba como uno alterno, ya que cada municipio y agencia tenía un almacen asignado. El almacen principal correspondía al Departamento de Educación y sirve a los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Juana Díaz, Villalba y Adjuntas.

El almacen alterno –encontrado por ciudadanos de la Ciudad Señorial– funcionaba bajo peticiones que debían tramitarse mediante un documento (Formulario 113, según el Representante).

La Comisión Especial recibió el plan como parte de requerimientos de información al Departamento de la Familia, ya que en vistas previas, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro J. Janer, aludió a que ese documento aún estaba en etapa de borrador y no lo entregó.

Al principio de esta controversia la Gobernadora había indicado que la responsabilidad del almacen recaía en Acevedo Caballero sin embargo días despues confirmó que todos los funcionarios sabían de ese almacen.

De acuerdo a documentos sometidos por Acevedo Caballero, en forma de bitácora de uso del almacen y la entrada y salida de vehículos oficiales, el local estaba activo y suplía necesidades desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020.

«A la luz de lo que ha surgido hoy aquí, me voy satisfecha con la línea de preguntas que hicieron todos los representantes. Yo creo que hay algunas áreas que percibo cierta confusión, pero es que en río revuelto, ganancia de pescadores. [Esas áreas son] en lo que dice un plan, en lo que dice el otro, lo que dice la Ley 20. Aquí la culpa es huerfana, pero los verdaderos responsables y los que deberían estar contestándole al país el estado caótico en que se enfrentó los terremotos, están en Fortaleza», exclamó, por su parte, la licenciada López Mulero.

A su llegada y a su salida de la vista ejecutiva, la representante legal de Acevedo Caballero explicó que su petición de que el proceso se diera a puerta cerrada fue uno preventivo, en aras de proteger a su cliente que se convirtió en eje de una investigación criminal por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Departamento de Justicia y chivo expiatorio de la Mansión Ejecutiva.

En retrospectiva, confesó, la vista bien pudo haber sido pública por el tipo de preguntas que hicieron los representantes.

«Yo tengo que velar por la pureza de este trámite y por eso exclusivamente tuve un interes de que este asunto fuera de esta manera. Yo no tengo absolutamente nada que encubrir y yo me tengo que proteger de un Estado que ha iniciado una persecución politiquera en contra de este funcionario y de otros funcionarios», afirmó la abogada, quien aseguró que durante la vista su cliente nunca recurrió a su derecho de no autoincriminarse.

En la vista ejecutiva solo estuvieron presentes los representantes, acompañados de un asesor que debe mantener los asuntos bajo confidencialidad.

Acevedo Caballero, por su parte, no emitió comentarios al salir de la vista, con la excepción de reiterar que se encontraba tranquilo y que le deseaba lo mejor a quien supone ser su sucesor, el general Jose R. Burgos, pues trabajaron juntos en el pasado.

A la misma vez que Acevedo Caballero se dirigía hacia la vista ejecutiva en horas de la mañana, Burgos se encontraba en una vista pública ante la Comisión de Nombramientos del Senado para ser evaluado.

El excomisionado de Nmead es a quien la Gobernadora y el Secretario interino de Estado adjudicaron la responsabilidad de hacer entrega de los víveres a los damnificados de los terremotos. Ambos funcionarios adoptaron esta postura tras referir la pesquisa preliminar del NIE sobre el hallazgo de los suministros al Departamento de Justicia.

No obstante, en un escueto comunicado de prensa para anunciar el referido, la Primera Ejecutiva no especificó a la culpa del excomisionado ni a las personas referidas o las razones detrás del referido, más allá de aludir a «inacciones u omisiones» de funcionarios.

Aunque las vistas públicas no tienen fecha de continuación, Rodríguez Aguiló no descartó una segunda citación a Román González y a Acevedo Caballero para vistas públicas.

Otras citaciones pendientes serán dirigidas a Luis Cruz y Joel Figueroa, ambos encargados de la logística de Nmead, y al secretario de Educación, Eligio Hernández Perez.

López Mulero no entró en detalles sobre el testimonio de Acevedo Caballero, pero insistió en que el despido de su cliente responde a un juego político de la Primera Ejecutiva, el cual le costó el cargo a otros jefes de agencia, como es el caso de deponentes previos ante la Comisión Especial: los exsecretarios del Departamento de la Familia y Vivienda, Glorimar Andújar Matos y Fernando Gil Enseñat.

Durante la vista en que Gil Enseñat depuso, el exsecretario declaró que el Gobierno de Puerto Rico tardó en responder a la emergencia en los municipios del sur porque incumplió con los protocolos establecidos para estos fines. Sumado a eso, los funcionarios recibían órdenes sujetas a constante cambios porque múltiples personas asumían un rol de jefatura e intervenían a traves de un grupo de mensajería.

Basado en las declaraciones de Gil Enseñat en ese momento, el gobierno estaba desorganizado y era Román González quien impartía las instrucciones.

Puede leer la ponencia de Román completa aquí: