Una investigación de la Oficina del Contralor reveló que solicitó rembolsos para un viaje oficial que no realizó.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.
Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado para asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en el 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.
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