El secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Jose Aponte Carro, anunció el miercoles la puesta en vigor de una serie de medidas para fortalecer la seguridad en las instituciones carcelarias del país, a menos de una semana despues de que se registrara una fuga de confinados del complejo correccional Las Cucharas en Ponce.

‘Estamos comprometidos con combatir las fugas y el contrabando dentro de nuestros penales. No podemos cumplir con nuestro deber de rehabilitar cuando dentro de las cárceles hay drogas o celulares’, señaló Aponte Carro en conferencia de prensa.

Entre las medidas anunciadas por Aponte Carro se encuentran reforzar la vigilancia en los perímetros de las cárceles, con las unidades K-9; el nombramiento de nuevo personal; la compra de equipo de detección de metales ferro-magnéticos, como los utilizados en la manufactura de teléfonos celulares.

Aponte Carro explicó que como parte de su plan de acción se estarían ampliando las responsabilidades de la Unidad de Operaciones Tácticas para incluir la vigilancia en los perímetros de las instituciones carcelarias junto con la Unidad K-9 para evitar la entrada de mercancía de contrabando por vía de lo que se conoce en el argot carcelario como el ‘picheo’ (acción de lanzar material de contrabando desde el lado opuesto de la verja de seguridad en el perímetro carcelario). De hecho, Aponte Carro anunció además la adquisición de cuatro canes para reforzar la K-9.

El Secretario interino del DCR señaló además que se pondrá en marcha un programa más agresivo de registros internos y externos en los perímetros de las cárceles. En adición Aponte Carro anunció que ha entablado comunicación con el senador Miguel Pereira para enmendar la ley que tipifica como delito el contrabando en los cárceles del país para que se pueda acusar a personas a quienes se les ocupa material de contrabando fuera de las facilidades carcelarias.

Al presente, si a un confinado se le detecta en posesión de material y/o equipo de contrabando en un lugar fuera de la cárcel, como por ejemplo un tribunal o un hospital, éste no puede ser acusado de contrabando. Pero, de enmendarse la ley, aquellos confinados a quienes se les ocupen esta mercancía podrán ser acusados de contrabando.

De acuerdo con Aponte Carro, la Ley Habilitadora del DCR establece que los oficiales de corrección son responsables de la presentación de los casos de incautación de materiales de contrabando en las cárceles, más sin embargo, esta parte de la ley ha permanecido hasta la fecha como ‘letra muerta’. No obstante, el titular interino de la agencia aseguró que ya se ha comunicado con el Departamento de Justicia y autoridades federales para ofrecerles a los oficiales de corrección la capacitación necesaria para someter estos casos ante los tribunales.

Sobre la fuga de los confinados de las cárceles del país, Aponte Carro no informó cuántos confinados se encuentran evadidos de las cárceles a esta fecha, pero aseguró que la agencia mantiene una tasa de 96 por ciento de efectividad en el arresto de confinados evadidos.